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Los sindicatos y la oposición reclaman “paralizar la norma y empezar de nuevo”

La consejera de Educación catalana duda de la seguridad jurídica de la reforma

Irene Rigau con José Ignacio Wert.
Irene Rigau con José Ignacio Wert. efe

Los sectores contrarios a la reforma educativa —desde sindicatos, partidos de la oposición y comunidades no gobernadas por el PP— celebraron ayer el informe del Consejo de Estado sobre la reforma educativa que planea el ministro de Educación, José Ignacio Wert. Consideran que el dictamen avala sus críticas, piden la paralización de la ley y reiniciar el diálogo para conseguir una normativa con un mayor consenso. “El Consejo de Estado da un toque de alerta al Gobierno y su voluntad recentralizadora. El ministro Wert debería parar la ley y empezar de nuevo”, valoró la consejera de Enseñanza catalana, Irene Rigau.

Los sindicatos, por su parte, calificaron de “varapalo” el informe y consideraron que Wert tiene ahora “la obligación moral” de retirar la ley y empezar un nuevo proceso con más diálogo con toda la comunidad educativa. “El Gobierno recibe un tirón de orejas” por la eliminación de Ciudadanía y por convertir en optativas obligatorias sus sustitutas, Religión o Valores éticos, dijo Francisco García, de CC OO.

Con una alegría contenida, Rigau destacó los aspectos en que el dictamen le es favorable: pide dejar en manos de las comunidades el peso que se concede en la escuela a las lenguas cooficiales y más capacidad de decisión autónomica sobre los contenidos. El dictamen no entiende por qué se permite a las autonomías desarrollar el currículo en unos aspectos y en otros no. “No parece coherente”, dice.

La reforma propone que el ministerio diseñe la mayoría de los contenidos de la materias troncales (las principales, Biología y Geología; Física y Química, Geografía e Historia; Lengua; Matemáticas; Idioma Extranjero), y las comunidades de las específicas (Educación Física, Plástica, Música, etcétera), pero el Gobierno central controlará en ambos casos las otras patas del currículo: “los estándares de aprendizaje evaluables y los criterios de evaluación”, es decir, qué se evalúa y cómo.

Rigau instó al ministro José Ignacio Wert a convocar una reunión entre el Gobierno y las autonomías para poner sobre la mesa la “dudosa” seguridad jurídica de la reforma. El informe del Consejo de Estado, aunque no es vinculante, sí puede dar alas a un posible recurso judicial contra el proyecto.

El Consejo de Estado pone más pegas sobre el diseño de los contenidos. Dice que no está clara la diferencia “entre asignaturas troncales y asignaturas específicas”, y reclama que un buen número de materias que pasan a ser optativas sean de obligada oferta en todos los centros, porque son importantes: Educación Artística en primaria; Artes, Tecnología, Musica y Cultura Clásica en la ESO, entre otros.

Para el portavoz socialista de Educación en el Congreso, Mario Bedera, el dictamen pone en evidencia que había “mucho de ideología y de centralización” en la reforma educativa. La portavoz de Educación del PP, Sandra Moneo, aseguró, sin embargo, que el dictamen avala la reforma porque pretende acabar con el fracaso escolar y, “en ningún momento” dice que haya que retirarla.