Moaña y Xilxes, dos municipios más para la lista de amnistías

Hay un principio urbanístico en Galicia que durante décadas se impuso a una normativa titubeante y que todavía hoy persiste en cierta medida. Es el ti vai facendo [tú ve haciendo] con el que se solían despachar las dudas sobre la legalidad de una actuación. Ante la despreocupación o la complicidad del Gobierno local de turno, la obra se hacía. Si alguien protestaba, ya se comprobaría si era legal o no y si, en tal caso, había una Administración dispuesta a tirarla. En el litoral siguen quedando retazos de aquellos tiempos.

Moaña, una villa costera en la ría de Vigo (Pontevedra) con algo menos de 20.000 habitantes, tiene a unas 200 familias pendientes de que la reforma de la Ley de Costas legalice sus viviendas, construidas a menos de 100 metros del mar en lo que desde 1988 es servidumbre de dominio público. El núcleo, junto con Xilxes (Castellón), elevan a 12 el número de zonas amnistiadas por el PP. La nueva ley todavía debe debatirse en el Senado, por lo que no se descartan nuevas inclusiones, como la del poblado marinero del Puerto de Aiguadol, en Sitges (Tarragona), propuesta por CiU, o algún núcleo de Canarias, con cuyos senadores el PP se ha mostrado especialmente receptivo esta semana.

Moaña creció descontroladamente el siglo pasado ladera abajo a partir de su núcleo original en el monte. Ahora es un rompecabezas entre Administraciones que se disputan su línea de costa, desde el Puerto de Vigo a la administración portuaria gallega, pasando por el Ministerio de Medio Ambiente y el propio Ayuntamiento. A ello hay que sumarle un peculiar deslinde que data de los años sesenta y que ha supuesto que bloques de viviendas contiguos a otros legales, o incluso más alejados de la costa que estos, estén fuera de la ley. Otros ni siquiera pueden escudarse en el agravio comparativo, caso del llamado edificio Salitre, un mamotreto de cinco alturas más ático que toma el nombre de la discoteca que hay en el bajo y que está prácticamente pegado al agua. Maribel, mariscadora, porta un paraguas caoba a juego con el pelo mientras agita las llaves junto al portal. “Nosotros compramos el piso sobre terreno hace unos 34 años. Nos dijeron que todo estaba bien”, afirma.

“Costas es como un marciano, baja cada 25 años a la tierra”, dice un afectado

José Gallego es el presidente de la plataforma local de afectados. “Los edificios se hicieron con licencia municipal y antes de la ley de 1988”, señala, y critica que si la obra era ilegal no se parase mientras se estaba construyendo. “Costas es como un extraterrestre que baja a la tierra cada 25 años. Yo no digo que estas casas no estuviesen mejor en otra zona, pero cuando se levantaron no fue en 24 horas. Cuando yo hago una obra junto a la carretera y tiro un muro los técnicos no tardan ni dos días en venir”, compara, al tiempo que echa pestes de aquel deslinde “caciquil” dibujado en el franquismo. “Venía alguien de Pontevedra con el concejal de turno y hacían lo que querían”, recuerda.

El Salitre ni siquiera tenía garantizada su supervivencia con la moción del PP en el Senado que rebaja la servidumbre de protección a 20 metros con requisitos más livianos que hasta ahora, porque está casi encima del mar. Los populares han optado por excluir al núcleo del dominio público. “Esto era un tema político y alguien tenía que arreglarlo; aquí pagamos justos por pecadores”, concluye el portavoz.

Narbona llegó a anunciar el derribo de las 96 casas del núcleo castellonense

En Castellón, Juana Estellés, una vecina de Xilxes, de 65 años, se prepara para trasladarse a vivir a su casa de primera línea de playa. Su vivienda es una de las 96 de este municipio que el PP prevé amnistiar en la nueva Ley de Costas. Se trata de modestas viviendas unifamiliares levantadas la mayor parte entre los años veinte y cuarenta y que han consolidado una tradicional forma de vida en la costa castellonense. Durante todo el año, la zona es un pueblo fantasma y, con la llegada del verano, los vecinos de este municipio o de alrededores se trasladan a vivir allí. Juana se encuentra en este proceso. El resto de casas que serán indultadas están cerradas a cal y canto.

Su residencia (y las otras 95) no se levantó en primera línea de playa. Juan Antonio Montesinos, presidente de la asociación de afectados, explica cómo, con un fuerte despliegue policial, se tiró el primer frente en 1989. “Tras estos derribos se trasladó la zona de deslinde a todas estas viviendas que estaban detrás”, dice. Pero también se construyó un paseo marítimo por delante y se les prometió, asegura, que el dominio público se quedaría a las puertas de sus casas. Hasta que la ministra Cristina Narbona (PSOE) anunció el derribo de estas 96 y otro medio millar en toda la costa castellonense y la población reaccionó. “Llevo una batalla de siete años, nuestras casas están, de media, a 110 metros del mar y, además del paseo, se hicieron dos escolleras que protegen la zona”, explica Montesinos.

Para Mario García, diputado provincial de Medio Ambiente, la inclusión de Xilxes en el listado de amnistías es más bien “una corrección de errores”. García cuenta que contactaron con el ministerio para informarles de que cumplían con los requisitos. “Lo comprobaron y por eso ha entrado ahora”, dice.