Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra

La primera regulación en 300 años sacude a la prensa británica

Reino Unido creará un supervisor independiente tras el escándalo de las escuchas

Grandes grupos sienten atacada la libertad de expresión

Rebekah Brooks (exdirectora de News of the World) junto a Rupert Murdoch y su hijo, James Murdoch.
Rebekah Brooks (exdirectora de News of the World) junto a Rupert Murdoch y su hijo, James Murdoch. GETTY IMAGES

Reino Unido va a establecer un inédito sistema de regulación de la prensa, defendido por las principales fuerzas políticas como un mecanismo independiente, voluntario y necesario ante los excesos de ciertos periódicos, pero que algunos de los grandes grupos mediáticos tildan de ataque en toda regla a 300 años de libertad de expresión. Las espadas están en alto desde que el Gobierno del conservador David Cameron anunciara hoy, con el apoyo de la oposición laborista, la creación de un organismo supervisor a raíz del escándalo de las escuchas telefónicas que provocó el cierre del tabloide News of the World, una investigación pública sobre la ética de los profesionales y las pesquisas paralelas de la policía que se han saldado con la detención de decenas de periodistas por incurrir en prácticas ilegales.

El anuncio formulado por el primer ministro británico en la Cámara de los Comunes es el fruto de un pacto, cerrado in extremis con los socios liberaldemócratas de coalición y los laboristas, para dar respuesta a las miles de víctimas de los pinchazos telefónicos sin tener, según su propia expresión, que “cruzar el Rubicón”. En otras palabras, eludiendo un intervencionismo del Estado en los medios de comunicación que la sociedad británica no podría aceptar, por muy crítica que se haya revelado frente a casos como el de Milly Dowler, la adolescente secuestrada y asesinada en 2002, cuyo móvil fue pinchado por periodistas del extinto dominical de Rupert Murdoch en plena investigación.

La adscripción al organismo será voluntaria

En esencia, el acuerdo contempla el establecimiento de un organismo independiente que velará por la aplicación de un férreo código ético, en cuya elaboración tendrán preeminencia los propios periódicos y al que podrán adherirse libremente. Ese sistema, nominado como cédula real (royal chart) porque está sometido a la sanción de Isabel II, no precisa en principio de una legislación expresa, según sostiene Cameron al esgrimir como ejemplo el mismo mecanismo que se aplica hoy a la radiotelevisión pública BBC. El laborista Ed Miliband y el liberaldemócrata Nick Clegg, número dos del Gobierno, interpretan, en cambio, que ese modelo cobra el carácter de ley, en cuanto su modificación exigiría el voto de dos tercios del Parlamento. No se trata de una simple precisión técnica: una ley implica su cumplimiento, mientras que Cameron ha isnistido que la cédula real va a ofrecer la adhesión voluntaria de los periódicos.

Las declaraciones de unos y otros sugieren que ha sido él quien ha logrado imponer, en grueso, sus postulados. El futuro cuerpo regulador, en el que los medios podrán designar a su propio representante, no tendrá la potestad de obligar, aunque sí ejercerá una fuerte presión sobre los medios, para que publiquen, por ejemplo, rectificaciones de informaciones erróneas en un lugar destacado, “y no en un recodo escondido de la página 36”, tal y como subrayó Miliband. El líder laborista está jugando la carta de la sintonía con las asociaciones de víctimas de los pinchazos, encabezadas por personajes tan conocidos como la autora de la saga de Harry Potter, JK Rowling, o el actor Hugh Grant, promotor del grupo Hacked Off (Pinchado), pero al tiempo debe intentar soslayar las críticas que lo tildan de enemigo de la libertad de prensa. Por eso la futura cédula real ha sido presentada como una entidad ante todo mediadora, que contemplaría, aunque intentaría eximir por la vía de la negociación, multas de hasta un millón de libras (1,16 millones de euros) a los periódicos que acepten someterse a su dictamen y a rectificar sus artículos cuando el organismo lo estime necesario. Un incentivo que, según ha manifestado Cameron, evitaría a algunas cabeceras la cadena de compensaciones millonarias que en los últimos tiempos han tenido que pagar a las víctimas de sus prácticas poco ortodoxas. Quien no acepte ese sistema, añadió, deberá enfrentarse a los tribunales de justicia cuando los afectados presenten causa, pero en ningún caso el Gobierno tiene la voluntad de intervenir.

El regulador ejercerá una fuerte presión para obligar a los medios a rectificar

Tanta filigrana dialéctica va a traducirse, en la práctica, en el primer organismo que de algún modo regulará el comportamiento de los medios británicos, según las directrices del informe Leveson, que escrutó el comportamiento del conjunto de la prensa por el escándalo del News of de World, cabecera dominical del grupo Murdoch, entonces la más leída del país. A lo largo de los últimos meses, Cameron ha intentado contemporizar con los intereses del magnate y con medios afines ideológicamente como el Daily Telegraph o el Daily Mail.

A resultas, y quizá en uno de sus mayores errores políticos, decidió el jueves romper las negociaciones con los otros grandes partidos sobre la regulación de la prensa. Laboristas y liberaldemócratas respondieron al envite, desafiándole a una votación sobre el asunto que estaba prevista para hoy en los Comunes y en la que el primer ministro se arriesgaba a una sonora derrota. El jefe de Gobierno dio marcha atrás, acatando algún tipo de examen sobre los medios que, a la postre, podría acarrearle la defunción política. Porque el Telegraph, el Daily Mail y el Sun de Rupert Murdoch, todas ellas cabeceras conservadoras y muy poderosas, acaban de declararle la guerra sin tregua, que va a traducirse en titulares desafiantes para su liderazgo del Partido Conservador. Tal y como ilustraba ayer la portada de The Sun, con una foto de Winston Churchill, los medios reticentes a cualquier control proclamaron ayer el Día D contra la intrusión en sus asuntos.

Un código para Europa

R. G. G.

Después de tres años de intenso debate, el Consejo de Europa aprobó por unanimidad en julio de 1993 un código deontológico de los periodistas, un documento que sentaba las bases de los derechos y deberes de los informadores. Se ponían por escrito cosas tan obvias y a veces tan olvidadas como que “las noticias son informaciones de hechos y datos”, que deben ser veraces y que ni las opiniones ni los rumores deben confundirse con las noticias. También apelaba la “honestidad” a la hora de emitir opiniones.

Hasta entonces, las normas que estaban en vigor en los distintos países europeos no tenían un alcance internacional y su eficacia práctica era muy limitada. De ahí que la resolución propusiera a los Gobiernos la posibilidad de establecer dentro del propio Consejo de Europa un mecanismo de autocontrol de la información, una especie de Ombudsman de la comunicación.

Además, invitaba a los Estados a poner en marcha códigos éticos a su imagen y semejanza. Los profesionales españoles hicieron los deberes y pocos meses después, la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) aprobaba un texto que recogía las normas éticas de la profesión periodística. Para velar por estos principios, apostaron por la autorregulación. Y en 2004 se creó la Comisión de Quejas y Deontología de la FAPE, una entidad que elabora informes y dictámenes cuando algún ciudadano denuncia la existencia de malas prácticas. Este organismo, por ejemplo, determinó que las informaciones que emitió Telemadrid sobre un supuesto coladero de inmigrantes ilegales en la T4 de Barajas no fue veraz.

Ahora, esta comisión —presidida por el catedrático Manuel Núñez Encabo— se ha transformado en una fundación que quiere implicar a todos los estamentos periodísticos en el respeto al modelo de autocontrol. Los principales medios de comunicación se han adherido ya. Se comprometen a aceptar el código deontológico de la FAPE y a publicar las resoluciones emitidas por un cónclave de nueve miembros que afecten al medio implicado, aunque sean negativas.