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DEFENSOR DEL PUEBLO/ EDUCACIÓN

Las matriculaciones, las becas o el transporte entre las principales quejas

Valencia, Madrid y Castilla La Mancha concentran la mayoría de las denuncias educativas recibidas por la Defensora del Pueblo

Una niña estudia en casa.
Una niña estudia en casa.
  • La crisis económica está detrás de casi todas las denuncias que ha atendido el Defensor del Pueblo en 2012 respecto a Educación. No hay ámbito que salga bien parado. Así muchos de los niños que estudiaban en barracones en 2010, a la espera de la construcción de nuevas escuelas o aulas, siguen escolarizados en estas pésimas condiciones pese a la promesa de los gobiernos autonómicos que retrasan las obras.
  • El Defensor se preocupa también el eterno proceso de sustitución de los profesores de baja, en especial en Castilla La Mancha, Valencia y Madrid. Y denuncia con énfasis que en esta primera, su consejería de Hacienda tiene que autorizar la suplencia que es como máximo de cuatro meses. De proseguir el profesor de baja a su fin, el centro tiene que demandar otra autorización y, como resultado, los alumnos se quedan de nuevo sin clase.
  • La admisión de alumnos a los colegios es objeto de mucha controversia. El Defensor se centra en Madrid, donde da puntos tener un hermano ya en el centro, aunque curse educación infantil, que no tiene concierto. A su juicio, esta normativa desfavorece a quienes no pueden pagar esta enseñanza. Clama también contra la desigualdad de trato en Andalucía, que sólo permite matricularse en el Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía a andaluces, contraviniendo la Ley que facilita el acceso a oferta educativa que no hay en otra comunidad. Protesta contra la selectividad de septiembre que coincide en ocasiones con el comiendo de las clases en la Universidad o la prueba de acceso a esta de los alumnos de FP "excesivamente generalista".
  • La ordenación académica es un quebradero de cabeza para la administración. En especial la lentitud en la implantación del reconocimiento de competencias profesionales en FP, con Madrid y Baleares a la cabeza.
  • La educación especial no se salva de la tijera y llueven las críticas por la reducción de profesores y medios. Por ejemplo, faltan en Madrid intérpretes de la lengua de signos en los institutos. La comunidad aleja "complejidad" pero para el Defensor atiende a "medidas económicas".
  • Las ayudas y los servicios gratuitos van a menos con gran perjuicio para los ciudadanos. La Comunidad Valenciana, dice el informe, no ha pagado las ayudas para la compra de libros. La intención del Defensor es reunir datos sobre los programas de reutilización y préstamo de libros. Esta comunidad ha dejado sin transporte escolar a decenas de niños por    calcular la distancia al colegio en línea recta, no según el trazado de las carreteras. Mientras en Madrid, denuncia, no hay sitio en el autobús para todos los niños de la chabolista  Cañada Real pues la consejería da por hecho que muchos dejarán las clases.
  • El Defensor se  alarma ante la vigencia de la Ley de convivencia y disciplina académica vigente en las universidades que se remonta a 1954. Y promueve una nueva ley, sujeta a la Constitución y aplicable a situaciones actuales como la copia en exámenes con nuevas tecnologías o la suplantación en la asistencia a clase.  
  • El cálculo de la nota media de los expedientes académicos no es el mismo en todas las universidades. Por eso reclama un baremo común que garantice la igualdad de oportunidades.
  • Protesta asimismo por las convalidaciones de médicos con títulos extranjeros que se demoran, los errores en los trámites telemáticos para acceder a una beca o la tardanza en la resolución de éstas.