Los obispos alemanes aceptan la píldora del día después en caso de violaciones
Los prelados dicen que la víctimas deben recibir “atención humana, médica, psicológica y espiritual”
Los obispos católicos alemanes aprueban la administración de la llamada píldora del día siguiente a mujeres que hayan sufrido una violación. Consideran que los nuevos preparados farmacéuticos permiten un uso preventivo durante las primeras horas anteriores a la fecundación. La Iglesia solo admite las que “tengan un efecto preservativo, no abortivo”. Las víctimas de una violación deben recibir, según los obispos, “atención humana, médica, psicológica y espiritual”, durante la cual podrán decidir si quieren tomar la píldora. La decisión, anunciada tras una conferencia de tres días en la ciudad alemana de Tréveris, sigue la disposición del arzobispo de Colonia Joachim Meisner, que ya había permitido la administración de la píldora en los hospitales católicos de su diócesis.
A su vez, la decisión del cardenal Meisner vino precedida de una considerable controversia en la región renana, donde dos clínicas pertenecientes a sendas fundaciones católicas rechazaron, el pasado diciembre, administrar la píldora a una joven de 25 años que había sido drogada y probablemente violada. Una médico de urgencias le había recetado el medicamento y la había enviado a estos hospitales. Sus gerentes se lo negaron y además, rechazaron la petición de asegurar las posibles pruebas de que había sido violada. Adujeron que no podían tratar a una mujer tras un ataque sexual porque, en caso de embarazo, el informe médico de dicho tratamiento podría servir para justificar el aborto legal de la mujer violada. La doctrina de la Iglesia prohíbe cualquier interrupción voluntaria del embarazo. La joven tuvo que buscarse un tercer hospital para recibir tratamiento.
Según el presidente de la Conferencia Episcopal alemana Robert Zollitsch, este cambio de parecer se aprobó “por unanimidad”. Zollitsch, arzobispo de Friburgo, advirtió de que la píldora no debe ser utilizada como método anticonceptivo, sino como remedio en una situación extrema. Según dijo el jueves tras reunirse con sus colegas de toda Alemania, los avances médicos permiten usar píldoras que no provocan el aborto, sino que únicamente impiden la fecundación. El Arzobispo pidió a los obispos alemanes que informen de los cambios a los médicos de sus diócesis.
La decisión se tomó por unanimidad tras una conferencia de tres días
Ya el precedente del arzobispo Meisner en Colonia, anunciado el 31 de enero, había provocado sorpresa entre los católicos. Hubo cierta confusión sobre si Meisner había obtenido o no el permiso del Papa saliente. Georg Gänswein, el secretario pontificio famoso por salir en las revistas de moda, desmintió que Benedicto XVI hubiera dado su visto bueno a la medida. Según recogía el miércoles el diario de Colonia Kölner Stadt-Anzeiger, Gänswein escribió en un e-mail que el arzobispo Meisner había dicho cosas que “no son verdad”. Acusado así de mentir, aclaró que había tratado el asunto con “la Congregación para la Doctrina de la Fe y con la Academia Pontificia para la Vida”.
La decisión de los obispos tiene base ginecológica. Las píldoras del día siguiente llevan un componente activo que impide la fecundación del gameto femenino al evitar la ovulación durante un plazo máximo de 120 horas. Así se evita el embarazo. La Iglesia católica considera que la vida empieza en el mismo momento de la fecundación. El Estado alemán estima que el embarazo empieza cuando el cigoto anida en el útero de la madre.
La Iglesia alemana ha protagonizado un buen número de controversias sobre el aborto, que en Alemania está sujeto a una ley de plazos. En 2001, prohibió que sus organizaciones asesoren a las futuras madres. Las mujeres que deseen interrumpir legalmente su embarazo en las primeras 12 semanas deben presentar un certificado de asesoría. La Iglesia quiere evitar que estas mujeres usen certificados extendidos por organizaciones propias.
Una responsabilidad especial en Europa
La Iglesia católica alemana siempre se ha distinguido en la cristiandad, como queriendo confirmar el famoso dicterio bávaro, tan funesto a la postre, de ser la raza de los mejores, supuestamente suavizado como la raza de los señores. Hoy, la prepotencia políticamente correcta se expresa con la afirmación de creerse Alemania con “una responsabilidad especial en el destino de Europa”. Lo decía la pasada Navidad la canciller Merkel. Lo curioso es que ha tenido que ser un alemán, Joseph Ratzinger, el encargado de bajar los humos a la Conferencia Episcopal de su país en el empeño de actuar por libre y adelante. Lo hará en los últimos días de su pontificado para frenar (o matizar cuanto pueda) la decisión de los obispos sobre la píldora del día después, siempre reprobable para la doctrina romana, sin excepción misericordiosa; y lo tuvo que hacer en 1999 cuando la misma conferencia de prelados acordó incluir el tema del aborto voluntario en los centros de asesoría católicos para embarazadas.
En Alemania, un país de baja tasa de natalidad, se practicaban entonces unos 100.000 abortos anuales, cifra que el Gobierno democristiano del excanciller Kohl intentaba rebajar con generosas subvenciones (2.500 euros) por cada mujer que presentase certificado de haber sido asesorada en algún centro confesional. Existen 1.700 de esos centros, y el papa Ratzinger, entonces presidente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, maquinó con Juan Pablo II una estrategia para imponer su criterio de no dar certificados.
El pulso duró dos años, y lo ganó Roma, pese a que los datos de la Conferencia Episcopal indicaban que los asesoramientos cumplían con una eficaz labor pastoral al lograr que un 25% de las mujeres que acudían a sus consultas con la intención de abortar cambiasen de opinión y renunciasen a interrumpir el embarazo. Entonces, el principal opositor a Roma era nada menos que el arzobispo Karl Lehmann, que llevaba tres mandatos en la presidencia de la Conferencia Episcopal y que hubo de esperar a que se muriera Juan Pablo II para ser nombrado cardenal, un clamor de los católicos de su país que no pudo ignorar el ya papa Ratzinger.
El problema de los certificados a embarazadas, además de doctrinal, es también económico. Los católicos alemanes pagan un impuesto directo para el sostenimiento de su Iglesia, pero los consultorios son fuente de financiación añadida. Por eso intentaron llegar a un acuerdo intermedio, que Ratzinger rechazó. La idea era emitir los certificados requeridos por el Estado con la advertencia de que no valían para los abortos. Los juristas restaron validez a dicha coletilla. El requisito que se exige a la mujer, previamente al aborto legal, es demostrar que recibió asesoría en un centro autorizado. La resistencia de los obispos alemanes, entonces como ahora, tiene que ver, por tanto, con razones morales, pero también de poder, ya que su labor pastoral se desarrolla en fortísima competencia con los protestantes, que sí mantienen sus asesorías para abortos y planificación familiar. En Alemania hay 28 millones de protestantes y 25,6 millones de católicos, según las últimas estadísticas.
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