Madrid aprueba el mayor plan privatizador de la sanidad pública

La gestión de la sanidad de cerca de 1,5 millones de madrileños ya puede cambiar de manos. De las públicas a las privadas que se presentarán a los concursos para hacerse con seis hospitales y 27 centros de salud ya construidos, con personal contratado por la Administración y pacientes asignados. El Parlamento madrileño aprobó ayer gracias a la mayoría absoluta del PP la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para 2013, que entre otras cosas “habilita” al Servicio Madrileño de Salud “para adjudicar contratos para la gestión del servicio público de asistencia sanitaria especializada” en seis hospitales inaugurados en 2008. Es el mayor plan de gestión privada de la sanidad pública puesto en marcha en España.

Se trata de centros construidos con el modelo PFI (iniciativa de financiación privada, en sus siglas en inglés), que permite a la Administración diferir el coste de las instalaciones a 30 años durante los que se va pagando un canon —una especie de alquiler— a las empresas constructoras, que prestan los servicios no sanitarios. Los seis hospitales (situados en Vallecas, San Sebastián de los Reyes, Coslada, Arganda, Aranjuez y Parla) tienen 5.500 trabajadores sanitarios públicos —médicos, enfermeras, auxiliares, técnicos...—, alguno de los cuales consiguió su plaza fija por concurso hace apenas dos meses, y 1,2 millones de pacientes asignados.

Entre otras medidas, como el euro por receta, el Gobierno que preside Ignacio González también tiene previsto ceder la gestión del 10% de los centros de salud (650.000 habitantes) “preferentemente a las sociedades de profesionales con personalidad jurídica propia” o, si los médicos y enfermeras no estuvieran dispuestos a agruparse y crear empresas, a “el resto de personas físicas o jurídicas legalmente constituidas”. Los equipos directivos de los centros de salud han iniciado una campaña de dimisiones masivas en protesta por esta medida. “Bienvenidas sean”, afirmó González la semana pasada. El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty —el PSOE exigió su dimisión y UPyD su cese—, añadió que los puestos serían cubiertos inmediatamente, algo de lo que dudan los directores.

El primer día de campaña los equipos de 118 de los 270 centros firmaron la carta de dimisión, que se hará efectiva cuando salgan los pliegos para privatizar los centros. Las instalaciones se entregarán vacías a los nuevos adjudicatarios, es decir, sin personal. Los fijos serán recolocados. Los eventuales podrán ser contratados por las empresas, con sus condiciones. Sucede lo mismo con los sanitarios de los hospitales. Será la mayor reordenación de efectivos de la sanidad madrileña. Los médicos de hospitales iniciaron ayer otra campaña para dimitir masivamente de las juntas técnico asistenciales y las comisiones clínicas, órganos consultivos. La negociación de sindicatos y comité profesional con la Administración, que les pidió medidas alternativas para ahorrar 533 millones, está en punto muerto. El Gobierno asegura que con la privatización ahorra 200 millones.

La aprobación ayer de la conocida también como ley escoba —porque se aprovecha para modificar otras leyes de una tacada sin pasar por la tramitación ordinaria (este año, el texto modifica una docena)— supone un punto de inflexión para la marea blanca. El colectivo ha mantenido su protesta con encierros y manifestaciones durante cerca de dos meses. La huelga indefinida de los médicos se ha prolongado durante cinco semanas. Unas 40.000 consultas han sido canceladas. Algunos hospitales, especialmente los afectados por la privatización, cancelado el 75% de las citas previstas. Más de 6.000 operaciones quirúrgicas no urgentes se han pospuesto. Las urgencias, así como los tratamientos e intervenciones de oncología, son prácticamente lo único que ha funcionado sin incidencias.

El Colegio de Médicos de Madrid volvió a ser escenario ayer de la última medida de presión del colectivo. “Soy Belén Padilla, del hospital Gregorio Marañón. Traigo mi dimisión y la de muchos compañeros que no han podido venir. Estamos menos porque los servicios mínimos y las urgencias deben estar cubiertas y la mitad del personal está disfrutando de sus legítimas vacaciones. Yo dimito del comité de infecciones y políticas de antibióticos al que pertenezco hace 20 años y del comité de investigación clínica”. Uno a uno, una decena de facultativos fue presentando ayer su dimisión en el Colegio. Bajaron de sus asientos en el anfiteatro y fueron depositando las hojas sobre la mesa. Un gesto simbólico, puesto que no serán válidas hasta presentarlas en el registro de cada hospital. Muchos lo habían hecho a primera hora de la mañana.

“Se trata de dimisiones de las juntas técnico asistenciales y de las comisiones, excepto las de tumores y docencia”, explicó Fátima Brañas, portavoz de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), la organización que ha convocado la huelga indefinida de médicos que ha llegado a su quinta semana. “Nuestra colaboración en la mejor gestión de la sanidad queda rota, y no porque la hayamos roto nosotros, sino ellos. Han reiterado lo que opinan de los médicos de Madrid. Hace unos años éramos ejemplares, un orgullo. Somos los mismos, pero ahora somos decepcionantes. Nos han llamado mentirosos, incluso vagos. La relación de confianza necesaria se ha roto, y ha sido por su parte. En ese clima no se puede colaborar. Así manifestamos que no estamos de acuerdo con este plan porque sabemos que supone el desmantelamiento de la sanidad pública. No queremos ser copartícipes de esto”, añadió Brañas.

Varios facultativos llevaron al Colegio de Médicos su dimisión y la de sus compañeros. Pedro Yuste, cirujano del hospital 12 de Octubre, renunció a la junta técnico asistencial y a la comisión de urgencias. “Llevo en ella 10 años y me gustaría seguir, pero esto es necesario. Traigo más dimisiones de otros comités”. Los asistentes corearon lemas como “¡Sanidad pública!” y “¡González dimisión!”. Las renuncias se irán presentado en los hospitales. Ayer, en el acto del Colegio, unos 150 médicos ya habían manifestado su voluntad de dimitir de sus funciones no asistenciales.