Privatizaciones y actos de fe

Gestionar mal los servicios públicos o incluso lucrarse del dinero público es un drama, pero tiene arreglo. Lo que es difícilmente reversible y casi imposible de recuperar es el bien público privatizado. Por eso, deberían exigirse cautelas especiales a los políticos que se disponen a “hacernos un favor” expoliando lo que es de todos. No quiero decir con esto que no haya ninguna privatización acertada, sino que una operación de tal envergadura debiera realizarse con mucha más prudencia y debate que, pongamos por caso, cuando se cambia un artículo de la Constitución. Vender un bien público debería realizarse con luz, taquígrafos, transparencia y una mayoría abrumadora de técnicos y representantes populares a favor.

Lejos de todo ello, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, está decidido a dar una vuelta de tuerca más en el afán privatizador del Partido Popular, al que pertenece. Su antes jefa y ahora funcionaria pública, Esperanza Aguirre, ya abrió esa senda. Ahora, su sucesor se dispone a privatizar la actividad sanitaria de seis hospitales y el 10% de los centros de salud. Es una iniciativa que asusta fundamentalmente porque no está argumentada, salvo que alguien considere que poner negro sobre blanco que “se ha comprobado que el modelo de concesión es más eficiente, da buenos resultados clínicos y alta satisfacción a los pacientes” es una razón incontestable. Eso es lo que dice el informe de once páginas con el cual Ignacio González ha despachado este asunto con la prensa y, por tanto, con la opinión pública.

¿Dónde están los números? ¿Dónde las comprobaciones? Y si es así, ¿cuál es la razón? ¿Estriba quizá en que González y los suyos son un desastre gestionando la sanidad? Por toda respuesta se dice que los públicos cuestan una media de 600 euros por habitante y año y los privados, 441. Nuevamente, no hay datos detrás que avalen tal afirmación. Es un acto de fe. O una tomadura de pelo. Porque no es lo mismo un gran hospital donde se realizan trasplantes (carísimos, generalmente) o labor investigativa que los nuevos que no tienen aun tal sofistificación. Pero es que en ese mismo papel se dice que el ajuste para 2013 (un 7% menos en Sanidad) equivale al gasto anual de dos hospitales. ¿Para cuáles? Porque si cada uno cuesta 250 millones, resultaría imposible mantener los 35 existentes con un presupuesto sanitario de 7.108 millones.

Con parte de la gestión privatizada, ni la sanidad valenciana ni la catalana han evitado la quiebra

Pero no hace falta escudriñar en los detalles para comprender que hay políticos que pretenden hacernos comulgar con ruedas de molino en contra del sentido común y sin argumentos solventes. Las comunidades autónomas donde la concurrencia privada en la sanidad pública es más alta —Cataluña y la Comunidad Valenciana— están en quiebra. Así que parece que esa mejor gestión en manos privadas no les ha valido de gran cosa. Convendría analizar ambos casos antes de expoliar unos hospitales que ahora son de todos y mañana serán de Ribera Salud, Capio o Sanitas, empresas todas ellas respetables que ya funcionan como oligopolio en este país en el sector sanitario.

El gran Tony Judt era enemigo acérrimo de las privatizaciones que con tanta alegría se hicieron, por ejemplo, en el Reino Unido. En su ensayo Algo va mal criticaba el expolio de lo público que acometió Margaret Thatcher malvendiendo activos, lo que supuso una transferencia de 14.000 millones de libras de los bolsillos de los contribuyentes británicos a los de inversores y accionistas.

La ventaja de las empresas privadas que logran conciertos públicos es, según Judt, que el Estado elimina o reduce la exposición al riesgo de aquellas. Pero digo yo que si tenemos una sanidad que funciona bien y la pagamos los contribuyentes, ¿por qué no mantener la garantía directa del Estado? En esos once folios de la Comunidad de Madrid hay propuestas interesantes. Por ejemplo, terminar con el estricto horario de mañana del personal sanitario y la infrautilización de costosas infraestructuras. Todo lo que se hace por las tardes se paga a precio de hora extraordinaria. La solución que, sorprendentemente, propone Ignacio González no pasa por reorganizar los horarios del personal, sino por contratar gente para las tardes. Estupendo, pero ¿no dice que no hay fondos?

No creo que sea mucho pedir que dejen de jugar con nuestro dinero y menos con nuestra salud.