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“Los recortes ponen a los dependientes en dificultades sin precedentes”

Médicos y pacientes se unen en un manifiesto contra los ajustes que “añaden más vulnerabilidad a los más vulnerables”

El Consejo Social de la Organización Médica Colegial ha emitido un manifiesto en el que se queja de que los recortes están dejando a los ciudadanos dependientes y discapacitados en una “situación de dificultad sin precedentes”. La situación de crisis que sigue soportando el sistema nacional de salud, se afirma, “añade más vulnerabilidad a las personas más vulnerables”. Los firmantes citan en concreto las últimas decisiones del Gobierno sobre la Ley de Dependencia, como es la reducción en un 15% como mínimo de la paga que reciben los cuidadores familiares por atender a los ancianos. “Esto está teniendo efectos en la calidad de la atención que precisan los beneficiarios así como sus familias”.

 “No podemos admitir que dichos ajustes, en muchas ocasiones indiscriminados, ocasionen merma en la calidad de la asistencia sanitaria y desigualdades en el acceso de la ciudadanía a los servicios y prestaciones sanitarias y sociales básicas, especialmente cuando dichos efectos recaen mayoritariamente sobre los sectores de población más vulnerables e indefensos”, subrayan.

 El manifiesto lo suscriben el Consejo General de Colegios Oficiales Médicos, el Foro Español de Paciente, la Coalición de Ciudadanos con Enfermedades Crónicas y la Confederación Española de Organizaciones de Mayores.

Las medidas sobre la Ley de Dependencia restan calidad a los beneficiarios y sus familias, dicen

Los firmantes abogan por una “efectiva coordinación sociosanitaria que todavía no se ha consolidado estructural ni orgánicamente en el sistema de salud, lo que incrementa de forma ineficiente los costes de la asistencia sanitaria”. Modificar todo eso, opinan, sería necesario dado el actual perfil mayoritario del paciente que acude a la sanidad española: “paciente crónico, pluripatológico, polimedicado, mayor y, en muchas ocasiones frágil y dependiente”.

Recuerdan que la Constitución consagra el derecho a la salud y reiteran su “compromiso y responsabilidad ética” hacia los pacientes y la sociedad en su conjunto “que emana del contrato social ente la profesión médica y la sociedad”. También se ponen al servicio del Gobierno, del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales y de las comunidades autónomas para mantener el modelo sanitario actual, “orgullo y herramienta para la cohesión social”.