La deuda estrangula a los geriátricos religiosos
Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia suman 27,5 millones de euros en impagos
La deuda de las Administraciones con los geriátricos del sector solidario (religiosos, fundaciones, Cáritas) está estrangulando el funcionamiento de estos centros. Algunas comunidades, como la valenciana o la andaluza, deben millones, en concreto 15,5 la primera y 9 la segunda. Murcia debe tres millones y Castilla-La Mancha no ha pagado los convenios suscritos en lo que va de año y adeuda seis meses de conciertos (lo que se paga con dinero público por cada plaza geriátrica). Pero en esta comunidad el sector solidario no se ha visto afectado por la amortización de plazas, que sí está ‘tocando’ a otras empresas que se dedican a lo mismo.
La Federación Lares, que agrupa 900 empresas donde se atiende a 70.000 personas mayores y en las que participan 35.000 empelados y más de 5.000 voluntarios en toda España, ha elaborado un exhaustivo informe en el que se incluye incluso la relación que mantiene cada Administración con el sector. Lares es la patronal mayoritaria sin ánimo de lucro (lo que ganan lo reinvierten en los centros) del sector solidario.
Canarias y Baleares son también morosas. En Baleares se deben 340.000 euros correspondientes a 30 plazas concertadas en un solo centro. De Canarias se detalla que solo un centro, el de mayor tamaño, está al corriente; el resto llevan siete meses sin recibir el dinero de los conciertos. El informe dice sobre estas islas: “Las plazas concertadas corren el riesgo de desaparecer, no llegan a 100 los mayores atendidos en ellas, la ley de dependencia está totalmente paralizada”.
En otras comunidades están al corriente de los pagos o estos sufren retrasos, pero la situación es más llevadera. Sin embargo, en algunas están bajando, además, los precios de los conciertos, es decir, lo que paga la Administración para convertir esas plazas en públicas, para aquellos ancianos que no podrían pagar el coste total. Los precios de esos conciertos están bajando en Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha y Madrid. En Extremadura y Castilla y León lo que paga la Administración por cada plaza está congelado desde 2009 y se mantienen estables los precios en Navarra, Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana. Sobre esta última comunidad, el informe explica: “El mensaje que subyace en los encuentros con la Administración es que si la presión hace subir el precio de la plaza pueden bajar el número de plazas concertadas”.
Algunas comunidades, como Castilla y León, “ha anunciado que no cubrirá las plazas concertadas donde se cause baja para lograr una reducción del 25% de este tipo de plazas en cada centro. Han desaparecido todas las subvenciones para equipamiento, mantenimiento y actividades programadas”. En esta región se intenta potenciar una de las ayudas previstas en la dependencia, la vinculada al servicio. El ciudadano recibe un dinero para afrontar los costes de la prestación que necesita.
Para hacer frente a estos problemas, los geriátricos del sector solidario están pidiendo prestado prestado a los bancos “con gran coste de intereses”, pero en algunas regiones la situación ha llegado a tales extremos que se está dejando de pagar a proveedores, se retrasan las nóminas de los trabajadores o se dejan de abonar las pagas extra.
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