El juez que imputó a sor María cita a 20 médicos por el robo del bebé
Personal de la agencia de adopción y el juez del registro civil serán interrogados
Adolfo Carretero, el juez que investiga y ha imputado a la monja María Gómez Valbuena, de 87 años, por el presunto robo de un bebé en 1982, va a interrogar, entre mañana y el 11 de octubre a 24 personas, la mayoría médicos, que cree que pueden aportar más información sobre el caso.
En una providencia del pasado 5 de septiembre cita como testigos a 19 médicos y a la exdirectora de la maternidad donde se produjeron los hechos, la clínica Santa Cristina de Madrid, María Antonia García Alonso. Esa providencia se une a otra del 26 de junio en la que el juez citaba como testigos a otras seis personas, entre ellas el director del centro, el doctor José Zamarriego, el jefe de neonatología, Ignacio Villa Elizaga, y la asistente social de la Agencia Española para la Protección de la Adopción (AEPA), que derivó al matrimonio que finalmente adoptó a aquel bebé supuestamente robado directamente a sor María Gómez Valbuena.
Antes de citarles, el juez había pedido a la policía judicial que los localizara de forma “urgente” y que remitiera al juzgado un informe sobre su estado físico y mental para poder ser interrogados dada la avanzada edad de la mayoría de ellos, entre 70 y 80 años.
Todos están citados en calidad de testigos y a petición de las partes, Guillermo Peña, abogado de Marisa Torres, la madre que denunció en la Fiscalía de Madrid el robo de su hija en 1982, y José María Calero, letrado de la imputada, sor María Gómez Valbuena.
Además de a esos médicos, el juez también ha citado a declarar como testigo al juez del Registro Civil en aquel momento, que, a petición de sor María, según fuentes del caso, inscribió a aquel bebé fuera de plazo.
A petición de Guillermo Peña, abogado de Marisa Torres, el juez también ha solicitado los libros de la contabilidad de la clínica Santa Cristina para ver si el centro ingresó el dinero que sor María cobró a los padres adoptivos de la supuesta niña robada. Alejandro Alcalde, padre adoptivo de Pilar, relató a este diario que la monja le hizo pagar casi 100.000 pesetas en concepto de estancia de la madre biológica en el hospital, anestesia, quirófanos y papeleo. Aún conserva las facturas.
Marisa Torres dio a luz en la clínica Santa Cristina el 31 de marzo de 1982. El pasado 2 de abril relató al juez que admitió su denuncia —derivada desde la Fiscalía de Madrid— que acudió a sor María tras ver un anuncio en una revista en la que la monja, que trabajaba como asistente social en la clínica, prometía ayuda para madres en apuros. Ella lo estaba. Acababa de separarse de su marido, con el que tenía otra niña de dos años, y su nuevo novio no quiso saber nada cuando le dijo que estaba embarazada. Cuando fue a verla, sor María la tranquilizó, y le habló de unas guarderías donde podría dejar a su bebé mientras trabajaba. María Luisa contó al juez que tras el parto, la monja la amenazó con denunciarla por adulterio y quitarle a su otra hija. Le explicó que se asustó. Que salió de la clínica sin su bebé. Y que conoció a su hija, Pilar, 29 años después, gracias, sobre todo, al tesón de Alejandro, padre adoptivo de Pilar, y a la investigación de Pilar Gómiz, periodista de Antena 3.
Marisa y su hija acudieron al juzgado a contar su historia el pasado 3 de abril. Al día siguiente, el juez decidió imputar y citar para un interrogatorio a sor María Gómez Valbuena. Llegado el momento, y por consejo de su abogado, José María Calero, letrado de los padres de la menor asesinada Marta del Castillo, la monja se acogió a su derecho a no declarar. Sor María, perteneciente a la congregación de las Hijas de la Caridad, no respondió a las preguntas del juez, pero esa misma tarde envió una nota a los medios de comunicación exculpándose: “Me repugna, en lo más hondo de mi ser, considero inadmisible e injustificable la separación de un recién nacido de su madre biológica realizada bajo coacciones y amenazas”.
Sor María está imputada por los supuestos delitos de detención ilegal permanente —penado con hasta 20 años de prisión— y falsedad documental. “Hay dos documentos firmados por ella y por el director de la clínica Santa Cristina certificando que aquel bebé tenía padres desconocidos, pero Marisa Torres nunca firmó un documento de renuncia a su hija”, explica su abogado.
La asociación SOS Bebés Robados tiene otras siete denuncias en los juzgados de Madrid por robo de niños. Tres de ellas apuntan a sor María.
Protección de Datos certifica que un hospital destruyó sus archivos anteriores a 1990
La Agencia de Protección de Datos ha cerrado su primera investigación relacionada con un posible caso de bebé robado. Acaba de contestar a Vicente González Olaya que el hospital Nuestra Señora del Rosario, de Madrid, donde cree que fue sustraída su hermana en 1961, comenzó a destruir sus archivos en 1990. Cinco años antes, en 1985, este diario denunciaba adopciones irregulares de bebés nacidos en esa clínica gestionadas a través de sor Pura, la monja que dirigía entonces una residencia para madres solteras en Carabanchel. Directivos del Consejo Superior de Menores y la Diputación de Madrid mediaron para apartarla de la dirección del centro por las numerosas denuncias de mujeres que la acusaban de coaccionarlas para que entregaran a sus futuros hijos.
Cuando González Olaya, periodista de este diario, acudió al hospital Nuestra Señora del Rosario para pedir la historia clínica de su madre y tratar de averiguar algo más, le dijeron que habían destruido los archivos. La Agencia de Protección de Datos abrió una investigación de oficio para comprobarlo. La ley de autonomía del paciente permite la destrucción de esa documentación pasados cinco años, pero en el momento del parto aún no había entrado en vigor esa normativa así que decidió acudir para certificarlo.
En la resolución que ha enviado a González Olaya, de 16 páginas, explica que el pasado 20 de junio “se realizó inspección en el centro hospitalario” y se comprobó que el centro no tenía tal documento. El personal aseguró, según recoge la resolución, que “desconocen los procedimientos establecidos para el registro de pacientes y custodia de historias clínicas por parte del hospital hasta el año 1990”. La resolución añade que, según ha podido comprobar, desde 2006 el hospital conserva las historias clínicas durante 15 años, y que antes de esa fecha solo se conservaban durante cinco.
No obstante, el funcionario de la Agencia de Protección de Datos pudo comprobar durante su inspección, que el hospital conserva un archivo de “varios contenedores” de historias clínicas en papel “cerrado con llave”. Al pedir una historia clínica del año 2006 se la facilitaron sin problemas.
Finalmente, la Agencia de Protección de Datos recuerda a González Olaya que puede acudir a los tribunales. Él ya ha decidido que lo hará. “Quiero acceder a los varios contenedores de historias clínicas del hospital. Los datos están allí”, insiste. Está convencido de que su hermana es una niña robada. Tras el parto, a su madre le comunicaron que el bebé había muerto “ahogado por el cordón umbilical”, pero no hay rastro en ningún registro. Ni como viva ni como muerta. En el Archivo Regional de Madrid no consta el parto. En el libro de familia tampoco. No está enterrada en ninguno de los 15 cementerios de Madrid. Y el hospital donde nació dice que destruyó los archivos.
La resolución que la Agencia de Protección de Datos ha enviado a González Olaya incluye 12 páginas con extractos del informe que emitió el organismo para responder a una consulta del secretario de Estado de Justicia sobre las posibilidades legales de acceso a los archivos que están planteando los afectados por robo de niños. Recuerda que el acceso a la documentación sanitaria por parte de terceros podría ser posible “con fines judiciales”.
Las asociaciones de afectados por robo de niños han pedido en reiteradas ocasiones, también en las reuniones que han mantenido con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, que se cree un equipo de trabajo en la policía judicial para que acceda a los registros de nacidos y fallecidos de los hospitales denunciados y los cruce con los datos del registro de adopciones.
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