El agotamiento de los servicios sociales agita la marea naranja

“Tengo dos hijos con una enfermedad degenerativa incurable. Es mortal, no se conocen casos en el mundo que pasen de los 18 años de edad. Mis hijos tienen 9 y 16 años. Los dos son grandes dependientes y a los dos les han reducido la ayuda un 15%. En mi casa no entra más sueldo que el mío, de profesor, y recortado también. Mi mujer dejó de trabajar hace unos años para cuidarlos”, dice José Luis Gómez, desde Toledo. Su caso es uno entre los de miles de familias que en estos tiempos están más necesitados de las ayudas sociales públicas que se prestan en España y que se han visto gravemente recortadas. José Luis irá mañana con toda su familia, sus hijos incluidos, a protestar en la manifestación que se celebrará en Madrid.

Cuando un país cuenta casi 5,7 millones de parados, 205 familias viven amenazadas por el desahucio de sus viviendas a diario y más de 11 millones de personas soportan unas condiciones que les acercan a los umbrales de la pobreza, los servicios sociales públicos son la red que ha de impedir la caída al abismo de la exclusión social. Sin embargo, la marea naranja aunará mañana la protesta de familias, colectivos profesionales y entidades sociales contra los recortes, tanto en derechos como en prestaciones, que ha sufrido este pilar del Estado de bienestar. “Recortar en servicios sociales con la situación de crisis prolongada que vive España es como si en una fuerte epidemia se decidiera reducir los recursos sanitarios”, repiten como un mantra los expertos en esta materia.

Las cifras acercan al drama que cada día viven miles de familia, mientras los servicios sociales taponan como pueden la herida. Pero están exhaustos. En 2009, los últimos datos que se conocen, los servicios sociales atendieron casi a ocho millones de usuarios, un 36% más que el año anterior y en los presupuestos estatales han perdido un 43% de sus recursos que eran apenas de 86 millones de euros. Desbordados, estos centros derivan muchos de sus casos a las entidades sociales, de corte caritativo y asistencial. Son la penúltima red y está rozando una situación crítica: “Estamos muy debilitados, algunas entidades están cerrando, desaparecen los recursos que recibíamos, por ejemplo de las cajas de ahorro. Y justo ahora, cuando miles de familias van a pasarlo muy mal”, dice Carlos Susías, presidente en España de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN).

La última red es la familia, que en España se ha portado como una campeona. Tanto es así, que los expertos aseguran que de no ser por el apoyo de los familiares la paz social que aún se vive en las calles se habría quebrado. Pero advierten que la familia está al borde ya de sus posibilidades. Un 40% de las personas mayores, según una encuesta encargada por la Unión Democrática de Pensionistas, ayudan económicamente a algún familiar o amigo, a costa de la tranquilidad en sus años de retiro y viendo con desazón cómo han vuelto a casa derrotados los hijos (nueras, nietos) que un día salieron con un horizonte prometedor.

Con una epidemia así, los servicios sociales deberían recibir refuerzos urgentemente. Pero en estos colectivos aún resuenan con pavor las últimas declaraciones del ministro de Economía, Luis de Guindos, avisando de que el dinero para pagar los servicios sociales se está agotando. De seguir así, dijo el miércoles, “será imposible” mantener las prestaciones.

Y, para colmo, los gastos de las familias no dejan de incrementarse, “se están acabando las ayudas a los comedores escolares, para libros, para el transporte, sube el IVA, bajan los sueldos. Este septiembre será duro porque se están materializando muchas medidas anunciadas”, dice Susías. “Nos preocupan los comedores escolares, puede aumentar la malnutrición, para muchos niños era la comida más completa que hacían”, lamenta. Y advierte: “Estamos luchando como podemos contra los efectos de la pobreza; contra la pobreza misma es una batalla que las Administraciones han abandonado”.

El hachazo al sistema de la dependencia, prácticamente paralizado, que ha perdido en prestaciones y casi 1.000 millones, sume en una gran debilidad el mayor derecho conquistado para los servicios sociales desde hace décadas. “Esto no es la crisis, es política, porque este sector es prácticamente el único que había generado empleo en los últimos años y ahora los está perdiendo a chorros. Se crean 30 puestos de trabajo por cada millón de euros invertidos en servicios sociales y la inversión en este sector genera un 43% de retornos a través de impuestos y cotizaciones a las seguridad social”, asegura José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. “En España se abre la brecha entre ricos y pobres, los ciudadanos cada vez pintan menos, se está desmontando la red de servicios sociales básicos y nos hallamos ante una derogación encubierta de la Ley de Dependencia. No hay que olvidar que maltratar este sector tiene, además, unas terribles consecuencias para las mujeres que son, en su mayoría, las que trabajan en él, y las que volverán a cuidar de los suyos si no hay derechos que los amparen”, añade Ramírez.

La mujer de José Luis Gómez dejó de trabajar hace unos cuatro años para cuidar de dos de sus hijos con enfermedad degenerativa incurable. Viven en Toledo y están sufriendo los recortes de las ayudas de dependencia. José Luis preside la plataforma a favor de esta ley que se ha creado en Castilla-La Mancha. Viven estrechamente con un sueldo de maestro al que le han mordido 300 euros al mes en complementos retributivos. Y la paga que recibía cada hijo por su gran dependencia ha perdido un 15%, el mínimo que permite la ley. Los dos muchachos, de 16 y 9 años, avanzan sin pausa hacia un estado vegetativo. “Tenemos muchos gastos, en pañales, en medicinas, en un coche amplio y adaptado que tuvimos que comprar, porque todavía los sacamos a la calle, con pena, sí, pero los sacamos”. “Nos matarán, pero no será dulce, algún coste tiene que tener para ellos”, dice en referencia a los gobernantes. “Que se enteren de a quién están maltratando, porque un parado tiene dos brazos, y puede buscar trabajo, pero nosotros no tenemos nada, solo nos queda esperar. Y además, que ahorrar en esto no soluciona la crisis”, asegura.

Conocedor de este caso y de cientos de dramas similares, José Manuel Ramírez zanja: “Hay miles de razones y todas ellas de gravedad para que mañana marchemos por los servicios sociales en una marea naranja de ciudadanía”.