“Solo defendemos el derecho a comer”

José Pilar Álvarez Cabrera ha dedicado su vida a la defensa de los recursos naturales del cerro de las Granadillas: el principal suministro de agua para los cultivos en su natal Zacapa, al este de Guatemala. “Solo defendemos el derecho humano a comer”, explica en una terraza en una bulliciosa calle en Madrid. En otros países del mundo suena a una obviedad, pero en este país centroamericano a Álvarez le ha acarreado amenazas y abusos documentados por la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional. Él le resta importancia: “Hay gente que corre muchos más riesgos que yo”.

No le importa demasiado el menú. Incluso se resiste antes de elegir un plato para acompañar la conversación (bajo algo de presión, se decanta por la ensalada de aguacate y las costillas). Le importa mucho más lo que viene a decir. Que en su tierra la explotación ilegal de los recursos naturales pone en riesgo la subsistencia de comunidades enteras. Guatemala es un país pobre y violento asentado en la región más pobre y violenta de América y ocupa un alarmante primer sitio en desnutrición infantil en el continente (afecta a más del 49% de los niños, según un informe de Unicef difundido en febrero). Por si fuera poco, está justo en el convulso Triángulo del Norte de Centroamérica, la zona más peligrosa de América Latina. En 2011 registraron 94 homicidios por cada 100.000 habitantes. La media mundial es de 8,8. Y tanto en hambre como en violencia, Zacapa ocupa el primer lugar de la región. “Existe una colaboración entre el Gobierno y los finqueros para que los crímenes no se esclarezcan”, describe Álvarez Cabrera.

Este reverendo luterano (en Guatemala, a diferencia de otros países de la región, la mitad de la población es protestante) asegura que la religión nunca ha sido un tema de división entre las 22 comunidades que conviven en Zacapa. Describe que en algunas protestas, la gente de todos los pueblos convive y lleva sus propios alimentos. “Lo único que pedimos es que se garantice que las comunidades tengan acceso al agua”. La mayor parte del líquido proviene del cerro, y la explotación ha causado que cada vez haya menos tierras útiles. Los finqueros han bloqueado accesos que la población había mantenido por décadas y su supervivencia está en juego.

Las constantes denuncias de Álvarez Cabrera y de otros activistas les han acarreado detenciones y amenazas. Un fallo de la CIDH en 2009 obligó al Gobierno guatemalteco a pagarle escoltas: “Llegué a tener cuatro, ahora tengo dos”, comenta con su suave acento y suma tranquilidad.

Álvarez conoce los riesgos que implica ser perseguido. Su madre, Lilián Cabrera, también fue activista. La salvaje y larga guerra civil en Guatemala (más de 200.000 muertos y 50.000 desaparecidos entre 1960 y 1996) rompió su familia. Cuenta que uno de sus hermanos huyó a México en 1976 después de que el Ejército se plantara en su casa una madrugada. Lo volvió a ver 13 años después. “Y como yo, todas las familias. Cada quien tiene una historia similar. Las víctimas hemos sido todos”, comenta.