La prohibición de la pornografía en televisión vuelve a la ley

En una tramitación parlamentaria meteórica, el PP ha dado en el Senado un paso más hacia la posibilidad de privatizar, total o parcialmente, las televisiones autonómicas. Además, los grupos han aprobado una enmienda transaccional para que la ley prohíba de manera expresa la emisión en televisión de programas que incluyan “escenas de pornografía”, una mención que el PP había hecho desaparecer de la ley a través de una enmienda introducida en el Congreso.

El texto pactado entre todos los grupos incluye también el veto a los contenidos relacionados con el maltrato, la violencia de género y a violencia gratuita. Con estas precisiones se trata de reforzar la protección a los menores, según el senador socialista Ander Gil, que defiende la necesidad de “clarificar” y “mejorar” el texto procedente del Congreso.Tras esta modificación, el texto volverá a la Cámara baja.

La ley flexibiliza los modelos de gestión de las autonómicas para la privatización, total o parcial de los canales regionales. Incluso permite la externalización de los informativos, una posibilidad especialmente criticada por los grupos de oposición. Para los socialista, esta reforma es innecesaria e inoportuna. Con ella, el PP impone un modelo “de televisión de partido y gubernamentalizada” que convertirá los canales públicos en “un negocio para unos pocos o un mecanismo de control y manipulación”, según su portavoz, Ander Gil.

El PP ha insistido en que la reforma es un paso hacia la racionalización y el saneamiento de las televisiones públicas. “No podemos prolongar el despilfarro de los fondos públicos”, ha dicho su portavoz, Alejandro Muñoz-Alonso, tras desgranar el coste de las televisiones regionales. Según sus cálculos, en 2010, costaron 1.750 millones de euros, de los que 240 procedieron de los ingresos publicitarios y 1.510 de los fondos públicos. “Son costes tremendos que caen sobre los bolsillos de los ciudadanos”, ha dicho el senador, que también ha criticado las plantillas “sobredimensionadas” de estas compañías.

Consciente de que son necesarios ajustes, el senador de Entesa pel Progrés José Montilla ha lamentado que la ley permita la externalización de los informativos, algo que “atenta contra la necesaria independencia, neutralidad y pluralismo” de los canales públicos. Montilla acusó al PP de querer acabar con estos organismos y de regalar el espectro radioléctrico (las licencias) a empresas privadas “que harían negocio a cambio de un determinado tratamiento informativo”.

En la misma línea, Jordi Guillot denunció el “acoso derribo” de los medios públicos por parte del PP y su obsesión por controlarlos y manipularlos. Puso como ejemplo, el fichaje de Julio Somoano como director de informativos de TVE. “Si el PSOE hubiera nombrado a un personaje con este perfil, ustedes lo hubieran crucificado vivo”, dijo mirando a la bancada el PP.