La ley suprime la prohibición expresa de la pornografía en abierto

La reforma de la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LCGA), que este martes inicia su tramitación en el Senado, ha suprimido la prohibición expresa de emitir en abierto programas de televisión que incluyan “escenas de pornografía o violencia gratuita”. En su lugar, el texto alude a “contenidos dirigidos específicamente a adultos”. Las asociaciones de telespectadores cuestionan, por “ambigua”, la nueva redacción y critican que los partidos hayan aprovechado la reforma sobre el modelo de gestión de los canales autonómicos para “hacer desaparecer” la referencia al porno y la violencia.

Pero tanto el PP —que propuso la enmienda— como el PSOE —que la apoyó— entienden que la nueva fórmula abarca todo tipo de programas nocivos para los menores. “En los llamados contenidos para adultos cabe la pornografía, la violencia gratuita, el maltrato o la violencia de género”, argumentan. Según la ley, solo se podrán emitir mediante sistemas de acceso condicional que deberán prever sistemas de control parental. Con esos instrumentos se trata de evitar que los menores tengan a su alcance formatos perjudiciales para su desarrollo físico, mental o moral.

En el horario de protección infantil (de 6.00 a 22.00) también están vetados los programas de juegos de azar y apuestas, el esoterismo, las paraciencias y los anuncios que promuevan el culto al cuerpo. Pero decenas de canales locales de televisión —la mayoría sin la preceptiva licencia para operar— ofrecen en horario infantil consultorios de tarot o remedios contra el mal de ojo.

Además de estas modificaciones, el principal objetivo de la ley es abrir la puerta a la privatización de las televisiones autonómicas. El PP justifica esta medida por “la situación económica” y la necesidad de que las comunidades puedan decidir sobre el modelo de gestión sus entes. El PSOE se ha opuesto a tal flexibilización. Teme que pueda abocar al servicio público de televisión hacia su desaparición. El portavoz parlamentario de los socialistas en materia audiovisual, Juan Luis Gordo, afirma que si no se establecen límites a las empresas, los procesos de privatización pueden desencadenar una “concentración mediática”. Además, sostiene que la externalización (total o parcial) provocará una cadena de despidos en los entes regionales.

Los grupos han presentado 132 enmiendas a la ley y cuatro vetos. Si el PP impone su mayoría aplastante en el Senado y rechaza cualquier tipo de modificación al texto llegado del Congreso, la nueva LGCA quedaría definitivamente aprobada.