Nuevo intento de incluir la vivienda para fijar el copago de la dependencia

El Gobierno y las comunidades discuten de nuevo la inclusión de la vivienda del usuario como patrimonio a partir del cual definir el copago de una plaza de residencia. De esta forma, el anciano que quiera entrar en un geriátrico deberá aportar una cantidad del coste total en función de su renta y del valor de su vivienda (5% del valor catastral), a menos que en ella vivan personas a su cargo. A la muerte del dependiente, los herederos podrían encontrarse con una deuda con la Administración que deberán saldar si quieren conservar la casa. Así lo establece el nuevo borrador de copago, al que ha tenido acceso este periódico, y que hoy debaten los directores generales de la Dependencia. Es muy similar al actual, pero en la práctica no se había aplicado de forma generalizada, solo algunas comunidades incluyen la vivienda habitual para definir la aportación del usuario. Y además el Cermi, la plataforma de la discapacidad, recurrió esa resolución por una cuestión formal y lo ganó, por tanto está sin efecto.

Con esta medida el Gobierno intenta homogeneizar la muy desigual situación de copago que se da en las distintas regiones, pero también buscar nuevas vías de financiación para la ley en momentos de recortes. No será fácil en la práctica porque los jubilados españoles (lo son la mayoría de los dependientes reconocidos) tienen unas magras pensiones. En todo caso, falta por saber qué dirán las comunidades al respecto y aunque la mayoría es del mismo partido que el Gobierno no siempre hay acuerdo total.

“Nos pasamos la vida hipotecados con el banco y luego, en la jubilación encontraremos que hemos adquirido una nueva deuda, ahora con la Administración, para que nos atiendan cuando seamos dependientes”, protesta el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.

Los herederos podrían encontrarse con una deuda a saldar si quieren conservar la casa

En todo caso, la aportación total, tanto para residencias, como para otros servicios que se prestan por esta ley, será progresiva y no superará el 90% (ahora hay horquillas entre el 70% y el 90%). Los usuarios sin recursos no pagarán nada.

Para el resto de servicios (centros de día, ayuda a domicilio) se tomará como referencia el 75% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiple, el IPREM, que son 532 euros mensuales. En la actualidad la medida era el IPREM completo y la participación económica del usuario no podía superar el 65% del coste total.

Por primera vez, en este borrador se han fijado unos precios de referencia que habrían de servir para todas las comunidades: entre 1.100 y 1.600 euros una plaza de residencia (de 1.540 a 2.240 si se trata de personas con discapacidad). La ayuda a domicilio se fija en este borrador en 14 euros de media la hora si se atiende a la persona y 9 euros si se trata de trabajos domésticos. Para los centros de día se establece un coste medio de 650 euros mensuales sin incluir el transporte ni los gastos de manutención. La cuantía se incrementará en un 25% en el caso de atención especializada. “Estos precios no responden a la realidad de lo que cuestan los servicios, así que, el ciudadano puede que pague un poco menos gracias a eso, pero la Administración también subvencionará por debajo del coste real. Si lo que quiere es primar los servicios respecto a las ayudas económicas, pagar menos por ellos no es la fórmula”, lamenta Ramírez.

Se han fijado unos precios de referencia: entre 1.100 y 1.600 euros el geriátrico

El Gobierno también ha presentado a las comunidades (esta mañana se han reunido los directores generales de la Dependencia) una evaluación de la ley. Ya hicieron una los socialistas antes de perder el Gobierno. En ambas destaca una misma queja: “Sería oportuno que se identificaran claramente en los presupuestos de las comunidades los créditos destinados a la Dependencia. Esta situación no ayuda a conocer su financiación ni el coste real”. Seis años después del arranque de esta ley, la oscuridad sobre la verdadera aportación de las comunidades al sistema es una incógnita y un lastre.

En dicha evaluación, el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales plantea la “revisión” de las cuotas a la Seguridad Social que paga el Gobierno por los familiares que cuidan de ancianos o discapacitados en casa. Dicen que este sistema “no ha generado las expectativas de empleo previstas”. Cierto es que cuantas más ayudas al cuidador familiar se den menos empleo profesional se genera, pero estas cuotas no se plantearon para generar empleo, sino para completar las cotizaciones de miles de mujeres con vistas a conseguir una pensión.

"Sería oportuno saber qué presupuesto dedican a Dependencia las comunidades"

El Gobierno tratará de aligerar la farragosa burocracia de la dependencia, que en algunas comunidades requiere de 16 pasos para obtener una ayuda, cuando podían ser la mitad.

Para aliviar algunos trámites se plantea la eliminación de los niveles, dos por cada grado de gravedad del dependiente, que obligan a continuas revisiones de expedientes y, en la práctica, las ayudas que se reciben son similares. Pero esto puede entrañar un peligro. Si se prescinde de un escalón, toda la cadena sufrirá un desplazamiento, muchos dependientes se quedarán fuera del sistema y otros se conformarán con un grado inferior al que normalmente obtenían.

Se plantea a las comunidades favorecer con mayor financiación la concesión de servicios en lugar de prestaciones económicas, una idea que cuenta, en principio, con el beneplácito de casi todo el mundo, habida cuenta de que los servicios generan empleo y revierten beneficios fiscales, por no hablar de que están sujetos a controles de calidad más eficaces. “Pero para que las comunidades, ahogadas económicamente como están, se decanten por los servicios hay que aportar más financiación, porque son más caros que las ayudas económicas y eso no es lo que ha hecho el Gobierno, que ha eliminado 283 millones en los últimos presupuestos”, se queja Ramírez. “En realidad”, dice, “estas medidas son incongruentes y no servirán para sostener el sistema; cuando este se venga abajo dirán que lo intentaron y que definitivamente es insostenible, pero no es verdad”, critica.

Por último, se percibe en esta evaluación que hace el Gobierno de la ley, cierto descontento con la realidad. “Las personas con gran dependencia se han multiplicado respecto a las previsiones, pasando de las 205.915 previstas [en las estimaciones previas a 2007] a 431.811 valorados en la actualidad como tales”, dicen. Cierto, pero cabe inferir que las previsiones se hicieron mal, no que la realidad sea incorrecta.