El Gobierno revoca la orden que obligaba a cerrar Garoña en 2013

El Ministerio de Industria ha dado el penúltimo paso para prorrogar la vida de la nuclear de Garoña. El Boletín Oficial del Estado publicó, conforme a lo previsto, la orden ministerial que revoca la fecha de cierre en 2013, que fijó el Gobierno socialista en 2009. Ahora, Garoña (propiedad al 50% de Endesa e Iberdrola) tiene hasta el 6 de septiembre para pedir la licencia que le permita funcionar hasta 2019. Esto previsiblemente saldrá adelante, ya que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ya dijo hace tres años que no veía impedimento en que la nuclear más antigua de España funcionase hasta entonces.

El accidente de Fukushima —cuyo primer reactor es idéntico a Garoña— no ha variado un los planes del Gobierno del PP. En la oposición defendió la prórroga de la nuclear y lo ha mantenido en el Ejecutivo. Garoña se conectó a la red en 1971.

Industria esgrime que el cierre de Garoña encarecería la luz. Un argumento discutible porque la producción de Garoña sería sustituida por más gas y, con el sistema vigente de fijación de precios, todas las tecnologías cobran el precio más alto. Además, añade que el retraso en la construcción del almacén nuclear “supone también un retraso en la fecha para poder iniciar el desmantelamiento de la central”. Por último, señala el efecto positivo de la central sobre “la actividad económica, el empleo y la recaudación impositiva [...] lo que merece particular consideración dada la actual coyuntura económica”.

Irónicamente, Industria esgrime como argumento para prorrogar la vida de la central la Ley de Economía Sostenible, la norma estrella de Zapatero, el presidente que se definió como “el más antinuclear del Gobierno”.

El director de nuclear, José Ramón Torralbo, aseguró en una nota que los trabajadores de la planta asumen “con determinación, profesionalidad e ilusión el reto de demostrar que Santa María de Garoña merece seguir operando por méritos propios”.

Las eléctricas querrían conseguir directamente 10 años más de vida (hasta 2023), pero el CSN tiene los estudios realizados para Garoña hasta 2019 y no le daría tiempo a analizar una nueva solicitud. Estados Unidos ha dado hasta 60 años de vida a centrales idénticas a Garoña, aunque otros países han optado por el cierre, especialmente después de Fukushima.

La central deberá realizar inversiones millonarias para cumplir no solo con lo que ya pidió el CSN —aislar la sala de control y renovar decenas de kilómetros de cables— sino para incorporar las obras necesarias para evitar un caso como el de Fukushima, lo que incluye la construcción de un edifico que sirva de refugio para los trabajadores en caso de accidente.

El PSOE pidió al Gobierno que cierre la nuclear y la sustituya por energías limpias. En el programa electoral el PSOE lleva el cierre nuclear, pero cuando estuvo en el Ejecutivo no culminó el cierre de Garoña. Le dio a la central hasta 2013 cuando sabía que el PP ya había anunciado que la mantendría abierta.

El ministerio ha desestimado las alegaciones de ecologistas contrarias al borrador de la orden. Greenpeace anunció que recurrirá, entre otras cosas porque ignora el dictamen de la Comisión Europea en el que criticó que las centrales nucleares ya amortizadas reciben “una compensación excesiva”.