Un órgano asesor del Gobierno niega que los inmigrantes hagan turismo sanitario

El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, organismo consultivo vinculado al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, ha publicado un informe monográfico en el que desmiente que los inmigrantes hagan "turismo sanitario" en España y vaticina "problemas de salud pública" por la retirada de la tarjeta a quienes se encuentren en situación irregular.

Con el título El nuevo marco legal y la salud de los inmigrantes, el informe analiza el uso que hace de la sanidad pública la población extranjera afincada en España recopilando y contrastando distintos estudios al respecto. Además, evalúa las implicaciones jurídicas de la reforma y expone hasta 25 consecuencias sociosanitarias de la reducción de la cobertura para quienes no tienen permiso de residencia.

Así, concluye que "la imagen de la migración sanitaria es uno de los estereotipos más comunes en relación a la movilidad humana y, como tal, se basa en percepciones y no en datos reales", y que "el turismo sanitario no es una vía que sea utilizada por las personas inmigrantes en España", como avalan sendos estudios de Médicos del Mundo y el Observatorio de la Desigualdad en la Salud.

En este sentido, incide en que, pese a la opinión de la sociedad española, lo cierto es que "los inmigrantes van menos al médico y consumen menos fármacos que los españoles", tienen mejor salud, con una probabilidad entre un 30% y un 50% menor de declarar un estado de salud regular o malo; visitan 6,4 veces al año su centro de atención primaria frente a las 11,1 visitas de los españoles y registran un consumo de fármacos "significativamente" inferior.

El informe indica que pese al "argumento erróneo", se ha decidido retirar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes que no tengan permiso de residencia en España, lo que significa que "miles de personas que actualmente están cubiertas por la sanidad pública quedarán excluidas de la misma" y su atención, limitada a las urgencias, que "no dan acceso al tratamiento que debiera en su caso seguir".

Según el organismo, "retirar la tarjeta sanitaria a las personas inmigrantes en situación irregular podría llegar a provocar "problemas de salud pública" y "efectos secundarios en la población residente legal", ya que los grupos a los que se dificulte el acceso a la atención primaria van a contraer enfermedades "y las van a propagar".

Además, alerta de que al impedir que los inmigrantes en situación irregular acudan a la atención primaria "desaparece la posibilidad de prevención y detección temprana de enfermedades", al igual que la posibilidad de detección de casos de violencia de género o trata de personas con fines de explotación, y la consecuente activación de los protocolos para combatir ambos delitos.

"Lo preocupante es que dentro del colectivo excluido de la atención primaria se identifican personas con especial vulnerabilidad", así como otras que precisan dar continuidad a un tratamiento cuya falta "pudiera suponer un riesgo para su propia vida", señala el documento.

En este sentido, el informe advierte de que la falta de cobertura hará que estas personas sin permiso de residencia "esperen hasta que consideren que su situación es lo bastante peligrosa para justificar su presencia en urgencias, lo que encarecerá el tratamiento" por el agravamiento del paciente. Eso, si no deciden tratárselo por su cuenta, "automedicándose o acudiendo a personas de su comunidad que no son profesionales sanitarios", según explica el trabajo.

Además, la norma tiene "un impacto en el ámbito sociológico que confronta con los esfuerzos desplegados para la integración y la cohesión social" ya que, según el foro, se ha trasladado a la sociedad "una visión negativa sobre los colectivos más vulnerables al atribuirles la responsabilidad de las fallas del sistema sanitario". "Crece de esta forma el discurso xenófobo", alerta la institución.