Primer paso para la privatización de las televisiones autonómicas

El Congreso ha dado el primer paso para que los Ejecutivos regionales puedan privatizar las televisiones autonómicas. Aunque esta opción es vista por algunos grupos de oposición como una puerta abierta para que “los amigos del PP” se hagan con el control de las cadenas públicas regionales. Los socialistas sostienen que la reforma viene a ser “un balón de oxígeno” para los grupos afines al Gobierno de Mariano Rajoy, que “como aves carroñeras” están al acecho para hacerse con el control de las autonómicas, según ha dicho su portavoz, Juan Luis Gordo, en el Pleno del Congreso durante el debate de las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de reforma de la Ley General de la Comunicación Audiovisual.

“No quiero imaginar cómo será Telemadrid si Esperanza Aguirre se la vende a Federico Jiménez Losantos”, ha dicho la portavoz de Izquierda Plural, Laia Ortiz, según la cual la reforma de esta ley es “un asalto al sistema audiovisual autonómico”. Ha resumido el modelo del PP en una frase: “O lo controlo o lo vendo”.

Por el  BNG, Francisco Jorquera ha defendido el papel de las televisiones públicas como "instrumentos imprescindibles" para la normalización cultural y lingüística. En la misma línea, el diputado de ERC Joan Tardà ha dicho que este proyecto de ley es un "hachazo" a la información veraz y equilibrada. Para Irene Lozano (UPyD) la reforma es un "engendro político" que "siembra el caos" la favorecer modelos de televisión distintos en cada una de las comunidades.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha defendido el texto y ha subrayado que abre un margen de maniobra más amplio para que las comunidades decidan el régimen de gestión de sus televisiones públicas pero que “no obliga a nada”. Soria se ha preguntado si se puede seguir financiando la televisión cuando se están ajustando los recursos en sanidad, educación o dependencia.

Con la reforma de la ley, los Ejecutivos regionales tendrán libertad para decidir el modo de explotación de los entes públicos de radio y televisión. Así, podrán privatizar total o parcialmente estas cadenas o podrán seguir manteniendo una gestión pública.

El Ejecutivo ha planteado esta reforma como un instrumento para mejorar la eficiencia de estas televisiones, cuyo coste es sufragado en gran parte (en torno a un 75% del total) con los presupuestos de las respectivas comunidades. El restante 25% son ingresos procedentes de la venta de anuncios. Pero el desplome del mercado publicitario está obligando a las cadenas a poner en macha planes de emergencia. Algunas han optado por reducir el coste de los contenidos, renunciando a aquellos de elevado coste como, por ejemplo, el fútbol, o han cerrado algunos canales. Otras han puesto en marcha duros expedientes de regulación de empleo.

Con la modificación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, aprobada en 2010, el Ejecutivo satisface una reivindicación de algunos dirigentes del PP. Esperanza Aguirre (Madrid) y Dolores de Cospedal (Castilla-La Mancha) han sido especialmente combativas para forzar el cambio de la ley y han anunciado su intención de privatizar la televisión de sus respectivos territorios.

Pero hay también Ejecutivos regionales que ya han anunciado su intención de seguir manteniendo dentro de la órbita pública las corporaciones de radio y televisión. Las comunidades con lengua propia (Cataluña, País Vasco y Galicia) apuestan decididamente por el carácter público de la radio y la televisión.