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Seis de cada 10 mayores en Latinoamérica no cobran pensión

La región se enfrenta a nuevos desafíos por el envejecimiento de su población

Alejandro Rebossio

Casi siempre que se habla de la población de Latinoamérica se tiende a pensar en juventud. Sin embargo, la pirámide demográfica envejece a un ritmo nada desdeñable. El principal desafío radica en que solo cuatro de cada 10 mayores de 60 años percibe una pensión. Esas personas también tienen dificultades para acceder a la sanidad, mientras que la atención a la dependencia prácticamente no figura en la agenda pública. En la actualidad suman 58 millones las personas de más de 60 años en Latinoamérica, pero en 2035 superarán a las de menos de 14 años y en 2050 triplicarán el número actual, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentado en Costa Rica. Los mayores de 80, que suelen necesitar cuidados de terceros, pasarán de suponer el 1,5% de la población al 6% a mediados de siglo.

 Los pocos que cobran jubilación en Latinoamérica en general suelen ser aquellos más adinerados, los que pudieron tener acceso a un buen empleo. Pero los trabajos no cualificados, de alta informalidad administrativa, lleva a que solo el 53,2% de los trabajadores aporte a la Seguridad Social. Los empleados irregulares no solo no tendrán pensión, sino que carecen y carecerán de una adecuada cobertura de salud para ellos y su familia. La CEPAL aboga por la extensión de las pensiones no contributivas.

El crecimiento económico de los últimos años permitió ampliar la proporción de mayores con pensión, como en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Panamá y Uruguay, pero la región se encuentra lejos del 75% de los países desarrollados. Muchas personas de más 60 años deben trabajar ante la falta de pensión o porque lo que cobran no les alcanza. Otros dependen de la ayuda de sus hijos. El 25% de las mujeres latinoamericanas mayores carece de ingresos propios y el 10% de los varones se hallan en la misma situación, particularmente preocupante en Ecuador, El Salvador, México y Paraguay.

“El coste de vida crece a mayor velocidad que las jubilaciones”, se queja el presidente de la Central Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Jubilados, el dominicano José Gómez Cerda. Jorge, un jubilado de Buenos Aires, cobra, al igual que el 85% de sus pares, la pensión mínima de 318 euros y por eso trabaja como taxista. “Necesito 2.000 pesos [346 euros] al mes para pagarme la [cobertura de] medicina privada y la de mi mujer; no quiero hacer horas en la cola en un hospital [público]”, cuenta Jorge.

El acceso a la sanidad y la atención a la dependencia son los grandes problemas

Algunos países han adoptado medidas aisladas a favor de que los mayores trabajen, como formación y entrega de subsidios o créditos para emprendedores. Brasil, Colombia, Chile, Panamá y Uruguay han creado subvenciones a las familias con algún mayor. En materia de sanidad, Ecuador, Uruguay, Bolivia y Chile han adoptado en los últimos años políticas específicas para asegurar la atención. El reparto de medicamentos mejoró en Argentina, Costa Rica, Cuba, México, Paraguay, República Dominicana y Venezuela, según la CEPAL. “Muchos tienen más acceso a los servicios de salud, pero los trámites burocráticos, las negaciones de derechos, los pagos extra y la exclusión de servicios hacen la situación muy difícil para los que no están activos en los sistemas contributivos”, alerta Gómez Cerda.

“La atención a la dependencia es uno de los grandes desafíos latinoamericanos”, reconoce un gerente del Instituto de Servicios Sociales para Jubilados de Argentina, Federico Susbielles. Su instituto ayuda a 21.000 ancianos que viven en residencias y subvenciona a 40.000 para que alguien los cuide. El funcionario destaca que en Argentina el 95% de los mayores cobra pensión y el 100% tiene atención médica, y lo atribuye a la renacionalización del sistema de pensiones y a la reconstrucción de su instituto. Desde la oposición, el presidente de la Comisión de Tercera Edad de la Cámara de Diputados, el progresista Gumersindo Alonso, aboga por mejorar las pensiones y la calidad de los servicios de salud, pero también por políticas que den nuevas metas de vida a los ancianos.

“Los servicios de cuidados para los mayores son muy limitados en Latinoamérica”, advierte Gómez Cerca. “Existen casas de cuidados que pueden calificarse como almacenes de viejos. Otros son muy caros. Solo funcionan aquellos asilos administrados por religiosos, especialmente monjas”, añade el dirigente de los pensionistas latinoamericanos.

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