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Aguirre quiere cerrar Tele K tras 19 años

Madrid ordena el fin de la televisión comunitaria, pese a que la ampara la ley

El Ejecutivo de Esperanza Aguirre (PP) ha lanzado una ofensiva contra las televisiones comunitarias, operadores sin ánimo de lucro que tienen una cobertura local y ofrecen contenidos de proximidad. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha ordenado el cese de emisiones y el desmontaje de las instalaciones desde las que se difunden canales como Tele K, convertido en la diana de la orden firmada por el secretario general del Consejo de Gobierno, José Luis Martínez-Almeida. En otras comunidades, como Extremadura, algunas emisoras comunitarias están también amenazadas de muerte.

La fórmula elegida para cerrar Tele K después de 19 años en el aire ha sido el envío de un requerimiento al inmueble desde el que se difunden sus señales, la Torre de Valencia, ubicada en el centro de la capital. La Comunidad insta al desmantelamiento de las “instalaciones ilegales” bajo multa de 30.000 euros diarios. El escrito, fechado el 5 de marzo, daba un mes de plazo para desmontar los equipos.

Pero algunas de las emisoras que operan desde ese edificio están amparadas por una ley de 2007 que salvaba del apagón a las televisiones comunitarias que estuvieran operando al menos desde 1995 (Tele K, con sede en el barrio de Vallecas, nació en 1993). En 2010, la Ley General de la Comunicación Audiovisual, avaló estas emisoras, cuya regulación estaba pendiente de un reglamento que el Gobierno socialista redactó y remitió a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, aunque el Consejo de Ministros nunca lo llegó a aprobar.

Pero esa “indolencia del legislador” no puede desembocar en “una merma de derechos fundamentales”, afirma el presidente de Tele K, Francisco Pérez. Ese reglamento es la pieza clave para que la televisión comunitaria pionera de Madrid pueda obtener la correspondiente licencia para prestar “servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro”, como establece la ley.

Entretanto, Pérez ha dirigido un escrito al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en el que pide que se paralice la ejecución del requerimiento sobre Tele K, ya que sus emisiones “no pueden ser calificadas de ilegales”. En la misma línea, los socialistas madrileños han presentado una proposición no de ley para evitar el cierre. “Tele K lleva 19 años informando a los ciudadanos con mucho esfuerzo y ajustándose perfectamente a la legalidad vigente”, dijo la diputada Amparo Valcarce.