El desorden social

Los tambores de guerra vuelven a tronar. El Movimiento 15-M se dispone a celebrar su primer aniversario. Resulta sorprendente comprobar, un año después, hasta qué punto esta ola de indignación sigue viva. Basta con echar un ojo a las hemerotecas. En los 12 últimos meses, sus activistas han estado presentes frenando desahucios, impidiendo derribos, clamando contra las subidas salariales de políticos y gestores financieros, protestando contra la reforma de la negociación colectiva, apoyando a los afectados por las hipotecas, organizando marchas laicas contra los gastos del viaje papal a Madrid y clamando contra los recortes sociales.

No es, por tanto, exagerado afirmar que el 15-M se ha convertido en España en un referente moral. Ha sabido dar voz a los anhelos de la sociedad del siglo XXI y a ese malestar que genera, tanto en España como en el resto del mundo, un sistema político anquilosado y un neoliberalismo económico que se impone como única receta fomentando la desigualdad social y el saqueo de las arcas públicas. Poco después de los primeros estallidos del movimiento de los indignados que exigen Democracia Real Ya, las encuestas del CIS demostraron que en torno a dos terceras partes de la población española apoyan sus métodos pacíficos y, por supuesto, sus reivindicaciones.

Algunas de ellas no han caído en saco roto ni siquiera para el Gobierno de Rajoy, que ha limitado los sueldos públicos y los de los gestores de entidades financieras intervenidas, que ha recomendado a la banca facilitar la dación en pago y que ha elaborado una ley de transparencia, aunque el proyecto haya quedado, de momento, completamente desvirtuado.

Las polémicas acampadas y la intensidad de sus primeras protestas fueron una demostración de fuerza que quedó revalidada el 15-O, con una movilización casi planetaria que llenó las plazas y calles de ciudades de 45 países al unísono contra la frustrante situación de las clases trabajadoras. Pero esa continua presencia, ese goteo de protestas y la simpatía general que todavía despierta el movimiento tanto aquí como en Nueva York —Occupy Wall Street es allí su lema—, Atenas o Londres es la verdadera demostración de fuerza de este movimiento local de dimensión global.

Contrasta con todo ello la política de represión emprendida por este Gobierno y puesta en práctica con aporreos y detenciones masivas en Barcelona, Madrid o Valencia, donde el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, tildó de radicales a los manifestantes. Es previsible que el Ejecutivo actúe con prudencia en las protestas que se avecinan, pero resulta preocupante y paradójico comprobar cómo algunos manejan el discurso del orden público y la crisis económica. Desplegar 8.500 policías en Barcelona para evitar altercados por una reunión ordinaria del Banco Central Europeo es un disparate en términos presupuestarios y un insulto a la inteligencia si se afirma, como se hizo, que se evitaron desmanes que hubieran elevado la prima de riesgo.

Estos guardianes del orden público que claman contra las ocupaciones de las vías públicas y los altercados callejeros advierten contra los perversos efectos de la helenización de España y la correspondiente mirada reprobatoria de los mercados. Pero conviene tener claro que la helenización no la originan tales desórdenes —minoritarios por otra parte—, sino esas políticas que asfixian nuestras economías y cercenan derechos sociales mientras las desigualdades salariales siguen escalando y el saqueo continúa en el mismo sector —el financiero— que nos condujo a esta crisis. Ese discurso es un intento de desviar el tiro al igual que se pretende ahora señalando como único culpable del fiasco de Bankia al regulador, olvidando que los políticos del PP son los que han gestionado con generosos emolumentos la entidad cuyas pérdidas corren ahora a cargo del contribuyente.