Tres ministros y el fiscal general se verán con afectados por el robo de niños

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha organizado una cumbre ministerial sobre los niños robados al invitar al encuentro que tenía previsto con afectados el próximo 12 de abril a los titulares de Interior, Jorge Fernández-Díaz y Sanidad, Ana Mato, así como al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce.

Por parte de los afectados, acudirán representantes de distintas asociaciones con el orden del día que ya llevaron a la reunión del pasado 10 de febrero con el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, para ver el grado y la intención de cumplimiento de aquellas peticiones. Entonces reclamaron, explica Guillermo Peña, abogado de SOS Bebés Robados, la creación de “un grupo especial de investigación, con policía judicial y especialistas en rastreo de datos”; una base de datos que incluya los nombres de las madres que buscan por un lado, los adoptados por el otro, fechas y hospitales; un banco de ADN en el Instituto Nacional de Toxicología sin que haga falta que una autoridad judicial ordene las pruebas; acceso a los archivos de Diputaciones y centros religiosos que actualmente no pueden ver por la ley de Protección de Datos, y atención psicológica.

Acuden escépticos al encuentro porque ya el anterior Gobierno socialista se comprometió a darles facilidades que luego nunca llegaron. “No queremos más brindis al sol. Necesitamos hechos”, exige Mabel Escuer, a la que una prueba de ADN ha demostrado que la mujer que la crió y que aparece en su documentación como su madre, no lo es.

Diputados y senadores han instado al Gobierno a impulsar la investigación del robo de niños, algo que el ministro de Justicia asumió como “un deber de Gobierno”. “Estaríamos enfermos como sociedad si no fuéramos solidarios con ese dolor inimaginable”, dijo Gallardón, que ha encargado a la Agencia de Protección de Datos un informe para dar acceso a los archivos. Eso sí, cada vez que el Gobierno se ha referido al asunto ha apostillado que cualquier medida tendrá en cuenta “las limitaciones presupuestarias”.

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, pedirá a Gallardón que se reúna también con familiares de desaparecidos del franquismo. “Merecen el mismo trato. Aquí hay una doble moral. El delito, desaparición forzada, es el mismo”.

Mientras, la vía judicial avanza a trompicones, con decenas de casos archivados y uno que da esperanza a muchas familias: el de María Luisa Torres, que conoció a su hija 29 años después de dar a luz. Hoy admitía estar “muy nerviosa” porque este martes tiene que ratificar ante el juez la denuncia contra sor María Gómez Valbuena, la monja a la que ella acusa de robarle a su hija y la fiscalía de detención ilegal. “Tengo ganas de que pase todo para poder seguir con mi vida y comenzar una nueva etapa con todas mis hijas juntas”.