Cañete estudia hacer pagar a las casas que se beneficien de su Ley de Costas

El Ministerio de Medio Ambiente estudia que las casas construidas sobre la playa que vean su concesión alargada con la reforma de la Ley de Costas paguen un pequeño canon anual en compensación por ocupar el dominio público. Actualmente, esas viviendas están exentas de ese canon porque solo pueden estar allí durante 30 años (ampliables a 60). Ese plazo empieza a caducar en 2018 y el ministro Miguel Arias Cañete estudia acercarlos a los 75 años de otras concesiones.

La Ley de Costas, de 1988, estableció un “singular” sistema de indemnización, según lo describió el Tribunal Constitucional. Las casas construidas legalmente sobre la primera línea (el dominio público marítimo-terrestre) pasaron a ser propiedad del Estado. Sin embargo sus dueños no recibieron una compensación económica sino una concesión durante 30 años —ampliables a 60— sin pagar canon alguno.

Así que esas concesiones comenzarán a caducar en 2018. Con la norma, miles de propiedades pasarían a ser públicas y podrían ser demolidas sin compensación. Para evitarlo, Cañete planea una reforma de la Ley de Costas que alargue las concesiones y, según declaró en su primera comparecencia en el Congreso, las equipare a las de la Ley de Aguas o la de las Aministraciones públicas. En esas leyes, las concesiones tienen un plazo de 75 años e incluyen el pago de canon.

Lo que se plantea el ministerio es que al alargar las concesiones, viviendas, hoteles, edificios y demás establecimientos sobre dominio público sí paguen un canon. Según el ministerio, hay “32.000 ocupaciones del dominio público marítimo-terrestre”.

“Más arbitrariedades”

Otra de las medidas que planea Medio Ambiente es facilitar la desafectación, el trámite para privatizar el dominio público, en casos de zonas degradadas. Eso ya está previsto en la ley, pero apenas se ha aplicado. La plataforma nacional de afectados por la Ley de Costas cree que esto “puede dar lugar a nuevas arbitrariedades”. “Es bastante probable que se desafecten las urbanizaciones grandes, puesto que las zonas más construidas son precisamente las más degradadas, lo que implica que un ciudadano tendrá más probabilidades de que le resuelvan el problema si pertenece a un grupo grande de afectados”, dice. Los afectados recuerdan que el PSOE comenzó a desafectar terrenos, como 1.000 viviendas y tres hoteles en Roses (Girona).