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Irse a Laponia sí, pero por un empleo digno

En tiempos de crisis, el parado está más dispuesto a la movilidad geográfica

La hipoteca y las relaciones familiares frenan los desplazamientos

La inmigración ha aportado flexibilidad

La movilidad laboral en España es de un 10% de los trabajadores.
La movilidad laboral en España es de un 10% de los trabajadores.

La idea de unos parados acomodadizos que prefieren agotar la prestación a moverse de su ciudad está muy extendida, pero esta crisis la está cambiando. Pese a que la patronal parece insistir en ese cliché —el lunes pasado por medio de José Luis Feito, directivo de la CEOE y su relato de que los nórdicos aceptan cualquier empleo “como si es en Laponia”, y después mediante su presidente, Joan Rosell, enunciando en una entrevista que los desempleados encuentran “milagrosamente” trabajo cuando está a punto de acabarse el subsidio—, la idea generalizada entre los expertos consultados es que en un escenario de recesión como el actual el problema no es de incentivos ni de movilidad, el drama es sencillamente que no hay trabajo. España ofrece una movilidad laboral en la línea de la media europea, aunque lejos de modelos más dinámicos como el de Estados Unidos. La apuesta por la propiedad de la vivienda, en vez del alquiler, el apego a la tierra natal y unos lazos familiares estrechos constituyen un freno a la disposición del parado a desplazarse allí donde esté el empleo.

Para refutar esta teoría abanderada por algunos empresarios, Fernando Valdés Dal-Re, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense, tira de datos: “La prestación cubre aproximadamente a un 62% de los parados. De estos, un 40% percibe una prestación asistencial, de alrededor de 400 euros. Entre los demás, la media es de unos 850 euros mensuales. Decir que esto hace que no busquen empleo es ignorar la realidad”.

Hay algunos estudios (como Incentivos y Desincentivos a la búsqueda de empleo, Consejo Económico y Social, 2002) que sostienen lo contrario: que las prestaciones por desempleo mejoran la búsqueda de trabajo, no tan solo inicialmente sino a lo largo del proceso de desempleo y que, además, permiten un aumento de la probabilidad de no caer en el desánimo, según apunta Remedios Roqueta Buj, catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia. “El problema radica no tanto en las prestaciones por desempleo, sino en las condiciones laborales y sobre todo salariales del nuevo trabajo. Si el salario es inferior a la prestación —lo que no es improbable en el contexto actual—, puede entorpecer la aceptación de la oferta de empleo, máxime si el trabajador tiene que desplazarse. Por ello, en tales supuestos se podrían arbitrar fórmulas que permitieran al trabajador compatibilizar el trabajo con un porcentaje de la prestación”, argumenta. Roqueta apuesta por corregir “algunas disfunciones” del sistema español: “Por ejemplo, el subsidio por desempleo se extingue cuando el titular realiza un trabajo por cuenta ajena de duración igual o superior a un año. Y, aunque al término del nuevo contrato puede optar por acceder a la nueva prestación generada por este o por reabrir el derecho a la prestación anterior (si no estuviera agotada), en este último caso perderá las nuevas cotizaciones que no surtirán ningún efecto de cara a futuras prestaciones”, expone.

Fin de la prestación

  • Las razones para la retirada de la prestación de desempleo en España, más allá del fallecimiento, la jubilación o agotar el subsidio son las siguientes:
  • Cuando el beneficiario realiza un trabajo por cuenta ajena durante 12 meses o más; o uno por cuenta propia durante 24 o más.
  • Cuando el beneficiario comete una falta muy grave por irregularidades como cobrar más de lo debido, realizar trabajos en negro o llegar a acuerdo con el empresario.
  • Cuando el beneficiario rechaza por tercera vez en un año una oferta de empleo adecuado o a participar en acciones de formación. Se consideran empleos adecuados aquellos que se adecuan a las características del trabajador y que están a menos de 30 kilómetros de su lugar de residencia.
  • Cuando el beneficiario comete cuatro faltas leves en un año, como no comparecer ante las oficinas de empleo o no renovar la demanda a tiempo.
  • Cuando el beneficiario no comunica la baja al producirse situaciones de suspensión o extinción del derecho, o se dejan de reunir los requisitos para su suspensión.

Algunas de estas afirmaciones podrían ser contradictorias con que hay una “evidencia empírica universal, no solo en España que muestra que cuando se van agotando las prestaciones aumenta la salida del paro”, según Florentino Felgueroso, director de la cátedra de Capital Humano de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. “Pero es una evidencia de bonanza. Cuando las cosas van mal, cambian”, matiza. Además, en su opinión, aceptar un trabajo rápidamente mientras se cobra el desempleo puede ser contraproducente. “Si aprovechas ese periodo para reciclarte o para buscar buenos empleos, el trabajo que consigas va a ser mejor, durará más. Lo contrario puede llevar a puestos precarios que deriven de nuevo en el paro”. Cree que lo más adecuado es una retribución decreciente que incentive al trabajador a buscar trabajo con cada vez más ahínco, algo que de alguna forma ya sucede en España.

Felgueroso también asegura que hay “evidencia empírica de que cuando se agotan las prestaciones aumenta la movilidad laboral en España”. “Según estudios científicos rigurosos, se multiplica por nueve la posibilidad de moverse. Evidentemente, lo que indican es que cuando te acercas al agotamiento barajas más posibilidades”, añade.

En España, uno de los problemas clásicos que los expertos han apuntado en el sistema laboral ha sido la baja movilidad. Hay varios factores para que esto suceda. Uno lo apunta Valdés Dal-Re: “La mentalidad siempre ha sido de permanecer en el entorno cercano y, si es posible, hacer toda la vida en el mismo”. Y otro tiene que ver con la vivienda. Antonio Martín, doctor de Sociología del Trabajo de la Universidad Autónoma de Barcelona explica que las hipotecas atan a miles de trabajadores a su ciudad. “Esto ha sido fundamental para el desarrollo económico, que se ha basado en un keynesianismo privado. No podemos pedir las dos cosas: hipotecas y movilidad interprovincial. Es una contradicción de nuestro modelo de crecimiento”, señala. A pesar de todo, sostiene que en España la movilidad dentro del país no está muy lejos de los países del entorno. Es de un 10% de los trabajadores. En las épocas en las que ha hecho falta trasvase de empleados de unas regiones a otras se ha paliado sobradamente con inmigrantes, cuya tasa de movilidad es cercana al 30%, ya que suelen tener menos arraigo familiar y no es tan frecuente que tengan hipotecas.

El subsidio es útil para conseguir un puesto acorde con la preparación

Ahora se considera un puesto de trabajo adecuado (de los que no se pueden rechazar más de dos veces para mantener la prestación) el que está a menos de 30 kilómetros de la localidad de residencia. Una solución que propone la catedrática Roqueta es aumentar esta distancia. “Pero hacerlo con carácter general puede ser contraproducente, pues existen personas con cargas familiares o que no cuentan con medios de transporte para el desplazamiento. Además, imponer la aceptación de una oferta de empleo que exija un cambio de domicilio con independencia de la cuantía de la prestación a que tenga derecho el trabajador y por un salario bajo el que se ha señalado no parece justo. La solución a estos casos pasaría por permitir compatibilizar el trabajo y percibir un porcentaje de la prestación”, matiza.

Resulta arriesgado, además, comparar la movilidad de España con las de países que no tienen nada que ver en cuanto a estructura económica y extensión. “Se habla mucho de Dinamarca, pero allí se puede ir en bicicleta de una ciudad a otra”, ironiza Arturo Bronstein, secretario general de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Cuando habla de crear empleo se muestra desconfiado con recetas ideales y con dogmas. “Muchas posturas tienen más de ideológico que otra cosa. Hay muy poco demostrado científicamente, lo único que se sabe es que cuando crece la actividad económica, se crea empleo”, asegura. Por eso no confía en enfatizar mucho en teorías sobre las prestaciones —“yo creo que un subsidio alto puede desincentivar la búsqueda de empleo, pero es una opinión, no está demostrado”— o la movilidad laboral: “La flexibilidad para que los trabajadores se desplacen puede ser importante, pero tampoco es fácil porque en la mayoría de familias hay dos personas que trabajan y si quiere seguir unida, no le sale a cuenta renunciar a un sueldo para cambiar de ciudad”.

A pesar de todo, la mayoría de los parados parecen dispuestos a mudarse si le ofrecen un trabajo. Según una encuesta de la empresa de ocupación Ranstad de 2011, un 68% de los desempleados españoles cambiarían de ciudad. Los jóvenes de entre 25 y 34 años son los más dispuestos a hacerlo para conseguir un empleo (70%). En el lado opuesto están los que tienen entre 45 y 65 años (39%). Los universitarios son los más dispuestos a mudarse (71%), seguidos por quienes han cursado bachillerato (70,5%), mientras que las personas sin estudios contestan afirmativamente a esta respuesta solo en un 57%.

Si hay fraude, también hay que mirar a los empresarios

Esta tendencia a moverse cada vez más la ha notado Francisco Vega, técnico en la dirección del Servicio Canario de Empleo, la comunidad autónoma con más paro de España. “Si a un desempleado le ofreces una buena oferta, la acepta donde sea, incluso en las islas, con el problema añadido que tienen. Lo que no aceptan es un trabajo que no le va a compensar: si le das un sueldo con el que no se va a poder pagar el nuevo alquiler o los desplazamientos, si son empleos de una duración muy limitada, considera que no tiene sentido cogerlo y permanece con la prestación”, cuenta.

En esto mismo incide Paloma López, secretaria confederal de Empleo y Migraciones de Comisiones Obreras: “El 60% de los españoles que trabajan tienen salarios mileuristas, con sueldos así es difícil afrontar el traslado de una familia. En otros países existen incentivos y ayudas a la movilidad que aquí no tenemos”.

Además de todos estos factores, lo razonable en opinión de los expertos consultados es que el trabajador rechace puestos de trabajo que no se adecuen a su formación. “Lo contrario es la expresión más rancia del ultraliberalismo y va contra la dignidad del trabajador”, dice Toni Ferrer, secretario de acción sindical de UGT. Este periódico ha solicitado repetidamente la postura de la patronal, más allá de las declaraciones públicas de sus dirigentes, pero la petición no ha sido atendida.

Si alguien tiene una carga familiar es difícil que rechace un trabajo"

Jesús Cruz Villalón, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla también cree que el parado tiene que intentar conseguir un puesto acorde a su franja profesional. “Diferente es que se convierta en parado de larga duración; entonces sí se le obliga a aceptar cualquier tipo de empleo. Pero eso es lo que ya hace la legislación actual. No entiendo que la prestación acomode al trabajador; puede haber casos excepcionales, pero la regla está para la generalidad, no para la excepción. En época de bonanza pueden ser algo diferente, pero no mucho. Si la persona tiene cargas familiares, no suele ser tan irresponsable para no aceptar un puesto de trabajo”. Cruz Villalón cree que si lo que preocupa es el despilfarro por la economía sumergida y los fraudes que se pueden cometer con las prestaciones de desempleo, más que al trabajador hay que mirar al empresario, que es muchas veces el que prefiere pagar en negro a empleados que ya cobran el paro.

A cuatro horas de casa... según el país

Si en algo no sobresale España en legislación laboral, ni por arriba ni por abajo, es en las condiciones que exige para mantener la prestación por desempleo. La severidad con la que se suspenden estos ingresos a los parados por rechazar trabajos, no moverse de ciudad o desestimar cursos de formación está en la media de los 36 países que forman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Así lo muestra un estudio publicado hace apenas un mes por este organismo titulado Requisitos para la prestación por desempleo, indicadores cuantitativos para países de la OCDE y de la Unión Europea.

En Australia, Dinamarca, Alemania, Hungría Irlanda, Japón, Nueva Zelanda, Noruega y Polonia quienes perciben retribuciones tienen que aceptar “cualquier trabajo que sean capaces de hacer, independientemente de su ocupación previa” para no ser sancionados. En el otro lado del espectro se sitúan Grecia, Lituania, Rumanía y los mayores de 50 años en Bélgica, que pueden rechazar trabajos en sus áreas de ocupación indefinidamente sin sanciones.

En cuanto a la movilidad geográfica, en la mayoría de los países de la OCDE hay un límite de kilómetros en los que el beneficiario de la prestación está obligado a aceptar el puesto de trabajo. En Rumanía y Eslovaquia, los parados con prestación tienen que aceptar mudarse, pero gozan de facilidades para la recolocación y subsidios especiales para hacerlo. En Noruega, aunque en principio tienen que desplazarse, pueden evitarlo si alegan razones válidas, como las circunstancias familiares. La mayoría de los demás países consideran dentro de las ofertas que un desempleado podría coger aquellas que requieran entre dos y cuatro horas de desplazamiento de su lugar de residencia. Estos criterios son acortados para personas con cargas familiares en algunos países, como Hungría, Lituania o Portugal.

El estudio de la OCDE hace una media de todos los criterios anteriores, además del de la disponibilidad para aceptar trabajos durante cursos de formación. España ocupa un puesto central, no está ni entre los más estrictos a la hora de retirar la prestación —grupo encabezado por Noruega, Alemania y Dinamarca— ni entre los más laxos —entre los que destacan Corea, Bélgica y Estados Unidos—.

También se mantiene en la parte central de la clasificación si se tienen en cuenta las sanciones por rechazar trabajos o cursillos de formación repetidamente. Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, Turquía y Estados Unidos suspenden las ayudas por un primer rechazo de trabajo. Otros, como Dinamarca, Estonia, Alemania Japón y Corea lo hacen durante un periodo de un mes o menos tiempo. Muchos países tienen sanciones que van creciendo a medida que el trabajador va rechazando ofertas de trabajo o cursillos de formación sin buenas razones para ello. Bélgica, Dinamarca, Estonia y Finlandia suspenden la prestación completamente tras el segundo rechazo. Suecia, junto con España, lo hace al tercero.

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