El Congreso debatirá si prohíbe a televisiones pagar a delincuentes

Telecinco difundió el pasado noviembre una entrevista a Rosalía García, la madre de Francisco Javier García Marín, El Cuco, imputado entonces por el caso Marta del Castillo. La cadena privada le pagó unos 10.000 euros. Aquella comparecencia le salió mucho más cara cuando los anunciantes del programa La noria empezaron a retirar su publicidad. La ley no impide a las televisiones que remuneren a personas que han sido condenadas por la Justicia, no prohíbe que los familiares o allegados cobren de las cadenas por hablar de sus parientes y tampoco veta que puedan ponerle precio a los testimonios de criminales, corruptos o machistas violentos. Hasta ahora.

La polémica sobre si es lícito que se lucren o no las personas que hayan sido condenadas o imputadas —y por extensión, sus familiares y amigos— solo por contar su testimonio ante las cámaras sale de la televisión y entra en el Parlamento. Coalición Canaria (CC) ha presentado una proposición no de ley que insta al Gobierno a prohibir que las cadenas remuneren este tipo de comparecencias televisivas.

La iniciativa, que se debatirá en la Comisión Constitucional del Congreso, ha sido presentada por la diputada de CC Ana Oramas, que considera perverso “que un crimen genere beneficios” a su autor o a personas de su entorno solo por acudir a una televisión a contarlo.

El pagar a convictos se acrecienta en los operadores privados por la feroz competencia

Pagar a delincuentes convictos es una práctica habitual en los operadores privados, que se ha visto acrecentada por la feroz competencia. Por las pantallas han desfilado, cobrando sustanciosas cantidades de dinero, desde el exalcalde de Marbella Juliá Muñoz, hasta el El Rafita, el asesino de Sandra Palo, pasando por el ex director general de la Guardia Civil Juan Roldán. Telecinco y Antena 3 son las cadenas que con más frecuencia ponen el talonario para entrevistar a este tipo de personajes.

“No se puede consentir que medios televisivos que prestan el servicio público de televisión en base a concesiones realizadas por el Estado vengar a premiar a la postre a delincuentes con cantidades que ningún profesional de la televisión percibe por aparecer en pantalla una o varias horas”, plantea CC.

Oramas reclama que se ilegalice cualquier tipo de pago o prestación a personas que hayan sido condenadas por la Justicia y tengan pendientes indemnizaciones o multas económicas. CC cuestiona que se permita premiar con suculentos emolumentos a condenados que ni siquiera han restituido a las arcas públicas las cantidades que pudieron haber robado, ni las multas o las indemnizaciones que les hubieran impuesto.

En algunos casos, la Justicia ha intentado bloquear estos pagos. El juez del caso Malaya ordenó el embargo de los 188.000 euros que debía recibir Julián Muñoz por sus entrevistas en Telecinco y que esta cadena depositó en la cuenta designada por los juzgados.

Lo mismo ocurrió en el caso de Marta del Castillo. En este proceso, la Fiscalía de Sevilla solicitó al Juzgado de Menores número 3, que condenó a El Cuco por un delito de encubrimiento, que interviniera los 10.000 euros que, “según numerosas informaciones periodísticas”, habría cobrado su madre por su participación en el programa La noria. La familia de Marta del Castillo había manifestado su deseo de que ese dinero se destinara a pagar la indemnización de 414.000 euros que fue fijada por la Audiencia Provincial por los gastos de la búsqueda del cuerpo de la menor en el río Guadalquivir.