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Hacienda revisa las oposiciones de País Vasco y Andalucía

La duda es si la oferta de plazas cumple las restricciones presupuestarias del Gobierno

Representantes de la Junta y el ministerio se reúnen hoy en en Madrid

Exámenes de las oposiciones a profesores de Enseñanza Secundaria en el BEC de Barakaldo ( Vizcaya) en 2007.
Exámenes de las oposiciones a profesores de Enseñanza Secundaria en el BEC de Barakaldo ( Vizcaya) en 2007.

El Ministerio de Hacienda revisará las oposiciones docentes de 2012 en el País Vasco y Andalucía. Se trata de ver si cumplen las restricciones presupuestarias marcadas por el Gobierno central: solo se puede reponer una de cada 10 jubilaciones que produzcan. Andalucía ha convocado 2.389 plazas y País Vasco 531. Hoy se reúnen en Madrid los responsables de Hacienda con los del Gobierno andaluz; el encuentro con el País Vasco aún no tiene fecha.

Así, el viceconsejero andaluz de Educación, Sebastián Cano, y el director general de coordinación de competencias del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Jaime Parrondo Aymerich, están abordando ya la cuestión. Andalucía ha convocado para junio sus oposiciones docentes y quiere sacar a concurso 2.389 de profesores de secundaria, FP, escuelas de idiomas, música y artes escénicas y de artes plásticas y diseño. Pero el ministerio de Cristóbal Montoro envió la semana pasada una carta a la Junta en la que reclamaba una reunión para estudiar este asunto.

El Ejecutivo central ha establecido que solo se puede reponer una de cada 10 jubilaciones

En el centro del problema vuelve a estar, como el curso pasado, la denominada tasa de reposición. Cuando la Junta aprobó su oferta de empleo público el 27 de diciembre esa tasa estaba fijada en los Presupuestos Generales del Estado en el 30%. Pero, el 30 de diciembre, el Gobierno central aprobó el real decreto ley 20/2011 que, entre otras limitaciones presupuestarias, rebaja esa tasa un 10%, con lo que solo se podrían cubrir una de cada 10 jubilaciones de profesores este año. La Junta sostiene que su oferta es legal porque se aprobó antes del real decreto ley.

La consejería andaluza de Educación cree que la discrepancia por la tasa de reposición, si finalmente el Gobierno central no aceptara el argumento de que sus oposiciones se convocaron antes del real decreto, implicaría recortar como máximo 300 plazas a las 2.389 que tiene previsto sacar a concurso. Porque el grueso de las plazas no se convocan bajo el paraguas de la tasa de reposición. Se corresponden, como el año pasado, a la consolidación de empleo interino prevista en la disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público.

El año pasado también surgieron dudas con las plazas que convocó Andalucía y otras comunidades. El departamento de la exministra Elena Salgado estuvo a punto de recurrir en los tribunales la oferta de la Junta. Pero, finalmente, se encontró una solución: que una parte importante de las plazas se convocaran como consolidación de empleo interino. Esa misma fórmula es la que ha utilizado ahora Andalucía para ofertar las 2.389 plazas.

Celaá: "Vamos a llevarla a cabo en ejercicio de nuestro autogobierno"

Las oposiciones docentes de Euskadi, que finalmente contará con 531 plazas, también le han costado al Departamento de Educación una citación del Ministerio de Hacienda para dar explicaciones sobre ella, un encuentro aún sin fecha al que los responsables vascos ya han accedido. La consejera socialista, Isabel Celaá, ha insistido: "Vamos a llevar a cabo [la oferta de empleo pública de empleo docente] en ejercicio de nuestro autogobierno”. Además, enmarcó la citación en el seno de las “relaciones normalizadas” entre instituciones.

Euskadi acudirá al encuentro para demostrar que su oposición se “ajusta perfectamente a la legalidad”. Se trata de una cuestión de fechas. El jueves pasado se lanzó la convocatoria para presentar las candidaturas a esta prueba, pero la oposición en sí fue aprobada por medio de una orden del Gobierno vasco firmada el 19 de diciembre y hecha pública el día 30 de ese mes, dos días antes de la entrada en vigor del real decreto ley del Gobierno central por el que se limitan las oposiciones.