Mato descarta que vaya a introducir el copago en Sanidad

Menos de 24 horas ha durado la incertidumbre. Si ayer en el Congreso la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, no fue tajante a la hora de negar que el copago fuera una opción para combatir la crisis sanitaria del sistema, esta mañana, en la Cope, lo ha dejado claro: "No va a haber copago sanitario".

Las dudas surgieron cuando en su intervención –la primera en el mes desde que llegó al ministerio- no mencionó el copago. Y cuando luego, en el turno de réplica, contestó a los portavoces del PSOE, Pilar Grande, e IU, Gaspar Llamazares, que “copago, tasas o repago, la decisión la tomará el Consejo Interterritorial”. Esta manera ambigua de responder, y el hecho de que el PP haya apoyado en Cataluña la propuesta de CiU –su socio preferente esta legislatura- de que se imponga una tasa de un euro por receta, encendió las alarmas entre los contrarios a esta medida.

En la entrevista a la emisora de los obispos Mato repitió sus propuestas del miércoles, haciendo hincapié en la libre elección por parte del paciente del médico y el hospital. "Es una reclamación de la mayoría de los españoles", dijo. Esta medida ya está en marcha en Madrid, aunque el porcentaje de quienes lo han usado es muy bajo. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Salud Pública cree que este y otros anuncios de la ministra son inviables porque no es competencia del ministerio, o son simplemente dar continuidad a lo que ya está en marcha, como la tarjeta sanitaria única, la central de compras o unificar el calendario vacunal.

La ministra defiende la revisión de la píldora poscoital en su posible riesgo para las mujeres

También quiso Mato negar intencionalidad política al anuncio hecho de que había pedido informes sobre la seguridad de la píldora del día siguiente. Este medicamento –que los más conservadores rechazan porque afirman, en contra de la opinión de la Organización Mundial de la Salud y las sociedades científicas, que es abortivo- empezó a dispensarse en las farmacias sin receta en 2009. Fue como consecuencia de la política del anterior Gobierno de facilitar el acceso a los anticonceptivos para reducir el número de abortos. "Hemos hecho lo que tiene que hacer un ministro de Sanidad, que es pedir un informe médico y científico para que digan cuáles son las repercusiones y los daños que puede causar ese medicamento si se toma sin receta médica", dijo la ministra. No mencionó que su propio departamento, que es el encargado de registrar los efectos adversos de los fármacos, no ha registrado casos graves ni entre 2001 y 2009, cuando había que solicitar una receta para conseguir el tratamiento, ni después.