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Griñán insta a la Iglesia a cumplir la sentencia y readmitir a la profesora

El Obispado de Almería, responsable del despido, dice que tiene que “analizar” el fallo

Agencias
Almería -
La profesora Resurrección Galera en su domicilio de Níjar (Almería).
La profesora Resurrección Galera en su domicilio de Níjar (Almería). EFE/Archivo

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, considera que la Iglesia “obviamente” tendrá que “acatar” la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por la que debe readmitir a Resurrección Galera en su puesto de profesora de religión, después de haberla despedido por casarse con un divorciado. El Obispado de Almería, que decidió hace once años no renovar a Galera por su estado civil, ha expresado su “respeto” a la sentencia, si bien el delegado episcopal para la Enseñanza Religiosa, Ignacio López Román, ha precisado que estudiarán “con calma” el escrito antes de hacer un pronunciamiento en profundidad. El asunto, según ha declarado, está ahora en manos del vicario general de la Diócesis de Almería, Tomás Cano, y los abogados de la institución.

Una de las cuestiones que más críticas han suscitado ha sido la cuantía que el Estado español deberá abonar a la profesora en concepto de sueldos atrasados, dado que es el “auténtico empleador”, como se lee en la sentencia, aunque fuera la institución religiosa la que decidiera despedir a Galera. La cifra podría superar los 200.000 euros. “Que sea el Obispado de Almería el que se haga cargo”, ha manifestado el presidente de Europa Laica, Francisco Delgado. “El Estado no debe pagar los caprichos dogmáticos de la Iglesia”, ha subrayado. En este mismo sentido, el parlamentario de IULV de Andalucía Ignacio García ha exigido que cesen “las intromisiones de la Iglesia católica en el sistema educativo español”, también en la gestión económica “que se materializa en que esta indemnización tendrá que ser pagadas con dinero público”. La propia protagonista de esta historia, Resurrección Galera, ha abogado por una “separación real” del Estado y la Iglesia para que su caso no vuelva a repetirse.

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