Masivo cierre de farmacias por las deudas de la Generalitat valenciana

El primero de los tres días de cierre patronal convocado por las 2.285 farmacias de la Comunidad Valenciana en respuesta a los impagos de la Generalitat ha tenido este lunes un seguimiento masivo. La mayoría aplastante de los farmacéuticos se ha sumado al plante para llamar la atención sobre los graves perjuicios económicos que les supone tener que asumir la parte correspondiente a la Administración de los medicamentos despachados con receta, una situación que se arrastra desde mitad del mes de julio y que representa unos 550 millones de euros. Los servicios mínimos decretados, del 19%, se han cumplido y no se han registrado incidentes, a juicio tanto de los convocantes como de la Administración.

Un 99% de los profesionales han cerrado, según los responsables de los tres colegios provinciales. Entre los establecimientos que se adhirieron a la protesta se encontraba el de la mujer del expresidente de la Generalitat Francisco Camps.

“No es plato de buen gusto hacer una huelga, pero cuando se llega a esta situación es porque se han agotado todas las vías”, explica Teresa Guardiola, presidenta del colegio de Valencia. El consejero de Sanidad, Luis Rosado, ha jugado a la confusión al señalar que un 30% de oficinas de farmacia abrieron sus puertas al referirse al seguimiento. Lo que no ha dicho es que en este porcentaje estaban incluidos casi el 20% de los servicios mínimos decretados por su departamento. Rosado ha calificado de “entendible” y natural” la medida adoptada por los farmacéuticos, aunque, ha dicho, existía “cierta desproporcionalidad” por “los trastornos que podrían llegar a producirse” entre los pacientes.

Es el segundo plante de farmacias en España por los recortes tras el  de Castilla-La Mancha el pasado agosto

La protesta es la segunda que tiene lugar en España después del cierre de las boticas castellano-manchegas el pasado mes de agosto. La deuda de la Junta con las oficinas de la región era de 120 millones de euros, una cantidad similar a la que debería pagar la Generalitat valenciana cada mes a las boticas de la comunidad por las recetas de la sanidad pública.

La farmacia situada en el número 85 de la Avenida Antiguo Reino de Valencia era uno de los establecimientos de guardia que más cola presentaban este lunes a mediodía. Unas 25 personas esperaban pacientemente —la media era de 30 minutos— para adquirir sus medicamentos. “Yo no hubiera fijado servicios de guardia”, comentaba detrás del mostrador la propietaria de la oficina, María Carmen González. “Esto es una vergüenza, estamos todos endeudados, aplazando los pagos a proveedores... Es una locura”, se lamentaba sin dejar de atender. “No puedo entender que tengamos que poner el dinero de la Administración”.

Antes de tomar la decisión de cerrar las farmacias, los profesionales valencianos ya habían ejecutado distintas medidas de presión por la deuda creciente que arrastra la Generalitat, aunque menos contundentes. Hace varias semanas acordaron pegar carteles en sus establecimientos para denunciar los impagos a los clientes.

Días antes de las elecciones del pasado 20 de noviembre, los farmacéuticos de Castellón amagaron con convocar un paro. Ante la amenaza de tener que lidiar con cierres de farmacias antes de los comicios, la Generalitat pactó un calendario de pagos con los farmacéuticos para saldar la deuda en varios plazos. El primero, un ingreso de 60 millones de euros pocos días antes de la cita con las urnas, es el único que cumplió.

El pasado 10 de diciembre finalizaba el periodo en el que el Gobierno valenciano debía liquidar la segunda entrega de 60 millones de euros. No lo hizo debido a las “dificultades financieras actuales”. El incumplimiento de este acuerdo fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de los farmacéuticos, que la semana pasada convocaron una manifestación frente a la Consejería de Hacienda y del Palau de la Generalitat, y que han acordado las jornadas de cierre que concluyen mañana.

La Generalitat anunció la semana pasada que el miércoles pagará los 60 millones que debía haber ingresado el 10 de diciembre. Si vuelve a faltar a su palabra, todo indica que seguirán las protestas.