Francia debate si imponer penas de cárcel a los clientes de prostitutas

Mientras en materia de economía Francia aboga por la convergencia con Alemania, en lo que se refiere a la prostitución se aleja de su modelo de práctica reglamentada, para dirigirse hacia el ejemplo sueco de penalización del cliente. La Asamblea Nacional votó esta semana una resolución de principios, simbólica, en la que reafirma la "postura abolicionista" de Francia, donde la prostitución hoy no es delito. El Parlamento prevé además examinar, en una fecha aún por determinar, un proyecto de ley que contempla castigar a los clientes con hasta dos meses de cárcel.

La resolución, presentada por todos los grupos en el Parlamento, reafirma la "postura abolicionista de Francia, cuyo objetivo es, a largo plazo, una sociedad sin prostitución". Considera que "la noción de necesidad sexual irreprimible reenvía a una concepción arcaica de la sexualidad" y estima que, dada la "violencia inherente a esta actividad", la práctica no puede "ser asimilada a una actividad profesional". Recuerda que "las personas que se prostituyen son en su gran mayoría víctimas de explotación sexual".

Reafirmada la postura, la diputada socialista Danielle Bousquet y Guy Geoffrey, del partido conservador actualmente en el Gobierno -UMP- presentaron a continuación una propuesta de ley de mucho más calado. El texto prevé penalizar al cliente, como ocurre en Suecia desde 1999, un modelo seguido desde entonces por Islandia y Noruega. Quienes soliciten los servicios de una prostituta se enfrentarían así a una pena de dos meses de cárcel y a una multa de 3.750 euros. Pero la propuesta tiene pocas posibilidades de ser examinada durante la legislatura actual, que finaliza con los comicios legislativos de junio de 2012.

El Ministerio del Interior estima que en Francia unas 20.000 personas ejercen la prostitución; el 85% son mujeres, mientras que la gran mayoría de los clientes son hombres. El texto recuerda que en 1990, el 20% de las prostitutas eran francesas. Hoy cerca del 90% son extranjeras, en su mayoría de Rumania, Bulgaria, Nigeria y China, captadas por las mafias. Actualmente, la prostitución no está penalizada, pero recurrir a ella en caso de menores o de una persona que presente una vulnerabilidad particular sí lo es y se castiga con tres años de cárcel y 45.000 euros de multa.

Las autoridades estiman que unas 20.000 personas ejercen la prostitución en Francia

Aunque el consenso es total en lo referente al veto -no tanto en el tema de la penalización del cliente, donde se han alzado voces contrarias en todos los partidos-, en la sociedad la postura abolicionista sigue siendo un asunto controvertido. Entre los intelectuales, la feminista Elisabeth Badinter considera, en declaraciones a Le Monde, que "si una mujer desea ganar en tres días lo que otras ganan en un mes como cajeras en un supermercado, es su derecho", si lo hace por voluntad propia.

En ese sentido se pronuncian también el Sindicato del Trabajo del Sexo (Strass) y la asociación de lucha contra el sida Act Up, que reunieron a varias decenas de manifestantes a las puertas de la Asamblea Nacional. Al adoptar esta resolución, se excluye "un poco más" a los seres humanos que se prostituyen, que "no son incapacitados sociales y que son ciudadanos por completo", explica el colectivo liderado por estas asociaciones en una carta remitida a los diputados antes de la votación. En cuanto a la penalización del cliente, considera que "llevará inevitablemente al aislamiento y la clandestinidad y levantará un obstáculo adicional al acceso tanto a las estructuras médicas, de previsión y de diagnóstico como a las acciones de las asociaciones sanitarias comunitarias, de prevención y de lucha contra el VIH".

Para la asociación feminista Osez le feminisme, favorable a la abolición, la responsabilización del cliente va por el buen camino, pero es solo un principio. "Disuadir al cliente de la prostitución, con una multa o una pena ligera, es inscribir en la ley y en las mentalidades que las mujeres, los cuerpos y las relaciones sexuales no son mercancías", explica. Reclama la creación de módulos educativos desde las escuelas primarias y las universidades y, sobre todo, la eliminación del delito de captación de clientes instaurado en 2003 por el entonces ministro del Interior y ahora presidente, Nicolas Sarkozy.

En efecto, aunque desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y el cierre de los burdeles la prostitución es considerada una actividad privada y no delito, desde 2003, la captación de clientes en plena calle, incluso "pasiva", es considerada ilegal. El texto, conocido como ley Sarkozy y justificado por motivos de seguridad pública, provocó la ira de asociaciones y de los partidos de izquierdas, que denuncian la culpabilización de las prostitutas frente a los clientes. La pena prevista es precisamente la misma que propone ahora el proyecto de penalización de los clientes: dos meses de cárcel y 3.750 de multa.