Una pareja de discapacitados logra que el Santander salde la hipoteca a cambio de la casa

Dolores García y Francesc Sabrià están bregados en las dificultades. La mujer, de 51 años, va en silla de ruedas a causa de una poliomielitis adquiridade pequeña por una vacuna en mal estado. A él le ha sido reconocida una incapacidad total por problemas de corazón. Ambos han ganado una nueva batalla, esta vez frente al banco Santander. La entidad ha aceptado la dación en pago para saldar una deuda de 670.000 euros que la pareja contrajo al comprar su vivienda. El empuje de la pareja y la presión pública han evitado un proceso de ejecución hipotecaria.

"Nos quedamos sin nada, pero estamos limpios de deudas", resumía Dolores en una calle de Figueres (Girona). El banco se queda su actual casa, así como la antigua vivienda y el local que nunca consiguieron vender, pero renuncia a seguir reclamando los 120.000 euros que aseguraba que quedaban pendientes. La pareja seguirá en su hogar pagando un alquiler.

Dolores y Francesc montaron hace unos años con un amigo una pequeña empresa de informática en un local sobre el que firmaron una hipoteca. Ella había trabajado 16 años en la ONCE, empleo que dejó por una afección que contrajo al tener que permanecer en su puesto durante horas y no poder ir al baño con regularidad. Se le asignó una pensión de gran invalidez. La pareja vivía en un piso que no estaba adaptado para Dolores, necesitada de ayuda constante, y sobre el que también pesaba una deuda. La suerte se torció de nuevo y sufrieron dos duros golpes: su amigo falleció y Francesc, de 62 años, contrajo encefalitis, una dolencia que ha afectado de forma grave su memoria. "Me quedé sola con la empresa", explica Dolores. "Y sola no podía sacarla adelante". Cerraron.

Dos años después, en 2007, la crisis todavía no había entrado en escena. Ya no necesitaban el local, cuya hipoteca estaban terminando de pagar. Seguían viviendo en un piso no adaptado y oscuro. Vieron una casa adosada que les gustó y fueron al banco a preguntar si podían comprarla con la garantía de vender las otras dos propiedades. "Nos pusieron todas las facilidades", dice Dolores. "Dijeron que enseguida conseguiríamos un comprador para el piso y el local". La nueva casa tenía jardín y terraza y, sobre todo, era luminosa. Juntaron las tres hipotecas en una y solicitaron 20.000 euros para adaptarla: poner un ascensor, ampliar el lavabo y las puertas. Todos, incluido el banco, confiaban en que toda la operación saldría adelante fácilmente.

"Nos ofrecieron un año de carencia", explica Dolores tras salir del notario donde han firmado la dación en pago. Le acompaña su madre, y dos miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Girona. En el primer año no consiguieron vender ninguna de las dos propiedades. "Vino alguna gente a verlas, pero ya nadie conseguía hipotecas", relata la mujer. La entidad les ofreció entonces que en los dos años siguientes solo pagaran los intereses: unos 1.000 euros mensuales. Ese plazo también acabó y seguían sin vender.

Hace cinco meses la cuota se colocó en unos 3.000 euros. La pareja se puso en contacto con la PAH, que ha ganado notoriedad pública por su trabajo en defensa de las familias amenazadas por un desahucio. No podían pagar.

"Poco a poco la gente está empezando a despertar", dice Marta Afuera, portavoz de la plataforma de PAH. "Este caso es una prueba de que plantar cara y defenderse da buenos resultados", afirma. Dolores y Francesc mandaron un burofax al banco para pedir la dación en pago: entregarían todas las propiedades y con ellas saldarían la deuda. "Tardaron mucho en contestar", explica ella. "El director de la sucursal nos dijo que podían quedarse con todo pero aún deberíamos 120.000 euros".

La plataforma organizó varios actos de presión, como empapelar con carteles la entrada a una sucursal del banco en Girona. Dolores y Francesc publicitaron su vulnerabilidad en los medios. La lucha de David contra Goliat. Y ganaron. Antes incluso de iniciar un proceso de ejecución hipotecaria, el banco ha aceptado quedarse con las tres propiedades y saldar la deuda, que a día de ayer ascendía a 670.000 euros. La pareja puede continuar viviendo en la casa con un alquiler de 900 euros al mes. La cantidad "perdonada" ha pasado de 120.000 a 243.000 euros, según el documento firmado ante notario. "Es una cifra arbitraria", defiende Martí Batllori, abogado de la plataforma. "El banco acepta que las propiedades valen lo mismo que la deuda, si no no firmaría".

A la salida del notario los abogados de Santander no quisieron hacer declaraciones. Batllori dice que las entidades se muestran cada vez más flexibles con la dación en pago, pero que prefieren no publicitarlo para evitar un "efecto llamada". No se han hecho públicos datos que muestren las personas que han conseguido lo mismo que Dolores y Francesc. Ellos aseguran que a partir de ahora dormirán más tranquilos y que en cuanto puedan buscarán otra casa con un alquiler más barato.