Los afectados del Magerit niegan que los informes técnicos recomienden el cierre del centro

El edificio del centro ocupacional para discapacitados intelecturales Magerit "no se hunde". Esa es la conclusión que la Plataforma de afectados por el cierre del centro del barrio de Carabanchel, extrae de una primera lectura del informe elaborado por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) dependiente del Ministerio de Fomento.

La visión de los afectados contrasta con el de la Consejería de Asuntos Sociales que ayer aseguró que el informe ratificaba el "mal estado" del edificio y que confirmaba la existencia de deficiencias estructurales. Por esta razón, la plataforma ha pedido hoy en un comunicado la convocatoria de una reunión "urgente" con el consejero de Asuntos Sociales, Salvador Victoria, para que les entregue el informe completo. "Queremos estudiarlo y posteriormente y con razonamientos técnicos poner en común las conclusiones de los resultados que ambas partes nos comprometimos a actar y cumplir".

Mientras el Gobierno regional incide en los párrafos del informe que señala "importantes daños por corrosión" y recomienza mantener algunas zonas restringidas al acceso, los afectados dicen que el Cedex reconoce deficiencias puntuales en las dependencias más antiguas del inmueble que se levantó en 1928 pero que en ningún momento insta a cerrar total o parcialmente el centro.

Los afectados por el cierre del centro llegaron a un acuerdo a finales de julio con el Gobierno regional para trasladar a los usuarios del Magerit al centro Juan Ramón Jiménez de Leganés, después de más de cuatro meses de encierro. Anunciaron, sin embargo, que volverían al centro de Carabanchel en caso de que los informes técnicos del Cedex avalaran el uso las instalaciones, aunque fuera parcialmente.

Los familiares y trabajadores de las instalaciones comenzaron una protesta el 7 de marzo después de que el Servicio Regional de Bienestar Social notificara ( al Magerit, al Fray Bernardino y al centro de Arganda del Rey) que los edificio tenían fallos estructurales que suponían un peligro para usuarios y trabajadores y que tenían 24 horas para reubicar a los usuarios en otros centros.

El cierre se produjo solo tres días después, excepto en el caso del Magerit, donde se llevó a cabo el encierro. Los afectados criticaban que el repentino desalojo había obligado a disgregar a los usuarios por diversos lugares, todos ellos "bastante lejanos al barrio". Alegaban, además, que la Comunidad había manipulado unos informes técnicos para justificar el cierre de los tres centros, .