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Los planes de emergencia nuclear no garantizan la gestión de evacuaciones

Un estudio de la UAB advierte que la población puede quedar desprotegida en caso de accidentes graves en una central atómica

Los ciudadanos afrontarían dificultades significativas para ser evacuados de las cercanías de una central nuclear española afectada por un accidente que liberara niveles peligrosos de radiactividad. Es la conclusión de un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona que advierte que los planes de emergencia nuclear (PEN), herramienta obligatoria para asegurar la protección de la población si las centrales atómicas sufren un accidente atómico, "difícilmente proporcionan el blindaje esperado" y presentan "deficiencias significativas" en la formación y preparación de los medios que deberían intervenir en esta emergencia. "Sin embargo la Administración debe hacerse cargo de la protección de la población ajena a una instalación nuclear", recuerda el informe presentado hoy en Valladolid en una reunión de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC).

El informe advierte que los planes de emergencia nuclear "difícilmente proporcionan el blindaje esperado"
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El estudio concluye con la petición al ministerio del Interior de que efectúe "estudios concretos y realistas de una posible evacuación", así como que "prepare y apruebe programas anuales de información a la población, formación de actuantes, ejercicios y simulacros". Estos deberían realizarse implicando a todos los medios necesarios - bomberos, ambulancias, autocares y otros medios militares- "al menos una vez al año", señala el estudio. Esta periodicidad no se cumple en ninguno de los municipios cercanos a los ocho reactores atómicos españoles en activo. Por ello el conocimiento de la población sobre los PEN y los riesgos derivados de un accidente nuclear es "bajo y confuso", dice el informe.

Falta de estudios en detalle

Los PEN implican una gestión compleja que ejecuta y depende del Gobierno central pero a la vez implica a efectivos dependientes de la administración autonómica y local: se trata de movilizar y salvaguardar a la población civil de forma urgente cuando estas habitan en zonas que se han convertido en peligrosas para la salud por la emisión de radiactividad, tal y como ocurrió el pasado marzo con la evacuación de los habitantes que residían a decenas de kilómetros de la planta japonesa de Fukushima. En el caso español una evacuación similar tendría menos garantías de éxito, señala el estudio. Este reclama que "deberían estudiarse cuidadosamente los mecanismos y la logística prevista" en una eventual evacuación; realizar actividades de formación para aquellos medios que deberían intervenir para salvaguardar a la población; y "revisar las vías municipales". Las plantas nucleares se alojan en zonas alejadas de grandes núcleos urbanos pero por ello mismo también carecen de vías y rutas efectivas para una evacuación, señala el estudio. Los sistemas de aviso a la población afectada por una crisis nuclear y la cobertura de radio y telefonía también arrojan"insuficiencias".

El estudio reclama una solución "a medio plazo" para evitar dificultades en el caso de que exista un accidente nuclear similar al ocurrido en Japón. La mayor catástrofe atómica de España se produjo en 1989 en Vandellós (Tarragona), cuando un incendio amenazó el reactor I de la central, que quedó inutilizado para siempre y hoy en día permanece, blindado, en estado latente. El suceso finalmente no emitió grandes dosis de radiactividad a la zona, según los estudios del Consejo de Seguridad Nuclear, por lo que no fue necesaria una evacuación. "Pero apenas había datos y, lógicamente, tampoco teníamos tiempo para prepararla", señaló entonces Ramon Torres, el responsable del Gobierno Civil que gestionó aquella emergencia.

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