Industria cita el accidente de Fukushima para justificar el cierre de Garoña

El Ministerio de Industria ha utilizado todas las armas a su alcance en la primera y última vista del pleito que se sigue en la Audiencia Nacional contra la orden de cierre de la nuclear de Garoña, fijado para 2013. Tanto, que la abogada del Estado, Rosa Seoane, no ha dudado en citar hasta en cuatro ocasiones el accidente de Fukushima, en Japón, para resaltar la implicación que tiene para el Estado, y no solo para la empresa, la actividad de una nuclear. Incluso puso en duda que Garoña vaya a superar las pruebas de resistencia a la que la someterá el Consejo de Seguridad Nuclear.

Seoane ha atacado de forma contundente todos los argumentos de la nuclear (propiedad al 50% de Endesa e Iberdrola). "Las autorizaciones de las nucleares no son indefinidas, como nos quieren hacer creer [...] y podrían ser renovadas, pero no en base a una mera ITV, sino con un nuevo procedimiento", ha afirmado Seoane ante la Sala primera de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

En su defensa, Nuclenor ha insistido en que el Ministerio de Industria incurrió en una "desviación de poder" y en arbitrariedad al no hacer caso al informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que avaló que la planta podía funcionar de forma segura hasta 2019.

El Ministerio de Industria se agarra al artículo 6.1 del reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, de 1999, que señala que "los informes del Consejo de Seguridad Nuclear para la concesión de las autorizaciones de instalaciones nucleares [...] serán preceptivos en todo caso y, además, vinculantes cuando tengan carácter negativo o denegatorio de una concesión y, asimismo, en lo relativo a las condiciones que establezcan, si fueran positivos".

"Si el legislador hubiera querido que cualquier informe del CSN fuese vinculante lo habría dicho. Si es positivo, no existe vinculación para el Ministerio de Industria, que no tiene por qué acatar a ciegas un informe positivo", ha señalado la representante de Industria, que ha mostrado un gran dominio de un asunto complejo y se ha empleado con dureza contra la empresa y sus argumentos.

La abogada del Estado ha insistido en que renovar una nuclear "plantea muchos problemas más allá de la seguridad nuclear". "En un improbable pero posible accidente nuclear, y en la mente de todos debe estar el accidente de Fukushima", es el Estado el que asume la responsabilidad, ha apuntado. La responsabilidad de las nucleares en caso de accidente asciende a 1.200 millones de euros, pero "las primeras aproximaciones de los daños del accidentes de Fukushima ascienden a 15.000 millones de dólares. El excedente [más allá de los 1.200 millones] lo asume la Administración. Cuando se asumen estas responsabilidades, la Administración debe tener un margen de maniobra". Otro de sus argumentos es que la gestión de los residuos radiactivos es responsabilidad estatal, algo que "avala la tesis de que hay responsabilidad y por lo tanto discrecionalidad de la Administración".

El discurso de la representante de Industria ha sido bien acogido por las partes que piden el cierre de la planta (Greenpeace, Ecologistas en Acción y CGT) y con frialdad por los defensores de la continuidad de la central (la Junta de Castilla y León, UGT, USO, el Comité de Empresa y los accionistas minoritarios, además de la central). "Ha usado todo lo que tenía, incluso lo de Fukushima", comentaba en un receso uno de los letrados.

La Junta de Castilla y León ha argumentado que el cierre obedecía únicamente a que, como dijo José Luis Rodríguez Zapatero en el Senado, así lo establecía el programa electoral del PSOE. La crítica de la abogada de la comunidad es que un programa electoral "no es un argumento jurídico". La abogada del Estado no ha negado que la decisión de cierre sea apolítica: "Los Gobiernos adoptan decisiones".

El abogado de Nuclenor, Mariano Magide, ha sostenido, en cambio, que "el único parámetro" para prorrogar una nuclear es la seguridad. Para él, el cierre en 2013, decidido hace dos años, supone "una clarísima vulneración de poder": "Se cierra porque sí, porque lo quiere el ministerio", aunque según el abogado "la autorización es un acto reglado y está definido a progresar indefinidamente en el tiempo". La fecha de 40 años de vida útil nuclear "se usa como prejuicio", aunque aparece así definida en la documentación que al abrir, en 1971, presentó Nuclenor.

La empresa pide que se revoque la orden de cierre y se le permita funcionar hasta al menos 2019 o, en caso contrario, que se le indemnice con casi 1.500 millones de euros (400 por el inmovilizado de la central y el resto por el lucro cesante). El morbo del caso está en que el perito que hace un año calculó los 951 millones de lucro cesante por no poder funcionar hasta 2029 es Fabricio Hernández, hoy secretario de Estado de Energía. El ministro, Miguel Sebastián, lo nombró pese a que había sido asesor de Nuclenor en el pleito (lo ha sido de todo el sector energético, según el currículum que él mismo envió a la Audiencia).

La abogada del Estado no ha dudado en descalificar duramente los informes de los peritos, incluido el realizado por el que hoy es alto cargo de Industria. Seoane ha señalado que esos dictámenes carecen de validez. En ese momento, el presidente de la sala ha cortado su discurso por exceder el tiempo, aunque la argumentación escrita que llevaba preparada la abogada del Estado no ahorraba críticas al informe de Fabricio Hernández. Sobre la metodología, el texto afirma que "no es ni realista, ni fiable, ni verosímil", y sobre la asunción de que con un 95% de probabilidades Garoña iba a funcionar hasta 2029, ha lanzado un aviso": "Nuclenor no sabe si va a poder operar hasta 2013", ya que "tras el accidente de Fukushima [de nuevo alusión a Japón] se puso de manifiesto la necesidad de revisar" la seguridad de las centrales, y según la letrada de Industria, no está nada claro que Garoña vaya a pasar la prueba, aunque también señaló que "no está en duda la seguridad de la central".

Es un juicio y hay más de 1.000 millones de dinero público en juego y nadie puede acusar a Industria de haber realizado una defensa tibia de su decisión. Hasta el punto de que en la contestación a la demanda, la abogada del Estado argumenta incluso que Garoña tiene beneficios caídos del cielo (en inglés, windfall profits), que es tanto como reconocer que el diseño del sistema eléctrico (que el ministerio se niega a reformar) hace que las nucleares cobren a los consumidores mucho más por la electricidad de lo que les cuesta producirla.

De hecho, tras la intervención, los abogados de los ecologistas, Luis Oviedo y Nino Trillo, han tenido un perfil bajo. Daba la impresión de que se alineaban con la abogada del Estado, aunque ellos piden el cierre inmediato de Garoña -no en 2013-. Estos han insistido en que la renovación no se sometió a evaluación de impacto ambiental y que, como sostiene el Ministerio de Medio Ambiente, no se puede garantizar un caudal del Ebro suficiente que asegure la refrigeración de la nuclear a largo plazo.