Aprobado el decreto de cotitularidad para explotaciones agrarias

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de Titularidad Compartida de las explotaciones agrarias, que permitirá a las mujeres figurar como copropietarias y trabajadoras de los negocios familiares en el campo. En la actualidad solo podía constar como titular una persona y la inercia patriarcal era la causa de que el 71% de estas explotaciones estuvieran registradas a nombre del marido, lo que impedía a las mujeres, en algunos casos, incluso solicitar o cumplimentar el papeleo del negocio sin contar con la autorización del hombre de la casa.

El proyecto supone para las mujeres rurales el "reconocimiento jurídico y económico derivado de su participación en la actividad agraria. La nueva regulación beneficiará hasta 100.000 mujeres del medio rural. En la actualidad el 82% de ellas trabajan en el campo en calidad de cónyuges o hijas y, sin embargo, en la mayoría de los casos los titulares de la explotación son hombres. En este contexto, la labor de las mujeres se considera como una ayuda familiar, de forma que, a pesar de trabajar en las explotaciones, no pueden gestionarlas administrativamente ni consolidan ningún derecho cuando los titulares son solo sus cónyuges", dice la nota del Gobierno.

En términos de igualdad, el proyecto busca, además, dar visibilidad a la mujer del campo y las ventajas de este proyecto de ley podrán disfrutarlas tanto las parejas casadas como otras uniones de análoga relación.

La ley ofrece tres opciones: la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada; la creación de una unidad económica, sin personalidad jurídica, que se inscribirán en el Registro de Titularidad Compartida y, cuando no sean posibles ninguna de las dos alternativas anteriores, el reconocimiento de los derechos económicos generados por el trabajo como contraprestación por su actividad.

No se exigirá a los cotitulares de las explotación que sean agricultores profesionales, si bien para tener la consideración de explotación prioritaria sí será necesario, entre otras condiciones, que, al menos, una de las personas lo sea. Estar considerada explotación prioritaria conlleva preferencia para la obtención de beneficios, ayudas y otras medidas de fomento impulsadas por las administraciones públicas.

Las subvenciones se repartirán al 50% entre las dos personas titulares, así como los rendimientos de la explotación. Por su parte, y para potenciar su participación, ambos titulares tendrán un derecho preferente en formación y asesoramiento a los profesionales de la agricultura.

En este proyecto han participado cinco ministerios, coordinados por el de Medio Ambiente Medio Rural y Marino.