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Los cuidados sanitarios de un dependiente en un geriátrico cuestan 9 euros al día

Los empresarios de las residencias privadas piden un incremento del dinero público para concertar plazas

Un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid encargado por la Fundación Edad y Vida (patronal de los geriátricos) ha calculado que los cuidados sanitarios que recibe un dependiente ingresado en una residencia privada cuestan 8,92 euros diarios. El coste medio de una plaza residencial de estas características asciende a 70,89 euros al día, mientras que el dinero que pone la Administración para que cualquier ciudadano tenga acceso a estos centros "solo cubre el 76% del coste", dicen los empresarios. Habría que elevar esa aportación pública en un 16% para cubrir los costes sanitarios que generan las personas dependientes, según sus cálculos.

El presidente de la Fundación Edad y Vida, Higinio Raventós, recuerda que la atención sanitaria es gratuita en España y, si lo es para los ancianos que están atendidos en sus casas, "también deberían tener los mismos derechos los ingresados en centros residenciales". "Esa atención debería estar cubierta con un módulo sanitario, como sucede en países de nuestro entorno", ha dicho Raventós.

Estos costes se han calculado atendiendo exclusivamente al coste del personal sanitario (médicos, enfermeras) que trabaja en las residencias, que representa, según el estudio, un tercio del coste total del personal de atención directa a los ancianos. El resto sería imputable a los trabajadores de atención social y a la dependencia y a los profesionales de rehabilitación.

El 67,3% de los ancianos que viven en residencias son grandes dependientes y severos, es decir, con muchas necesidades de atención, tanto sanitaria como social. Un 81% de las plazas concertadas con dinero público están ocupadas por ancianos con este perfil.

La Fundación Edad y Vida aboga por una coordinación sociosanitaria que se base en la colaboración público-privada para abordar las necesidades de este colectivo de forma integral. Los empresarios creen que las tarifas que aporta la administración deberían ajustarse al servicio concreto que se presta a cada dependiente y creen que cuando el anciano necesita mucha ayuda debe obtenerla de manos profesionales. Además, opinan que los propios usuarios deberían aportar algo más mediante el copago, que no existe en educación (en teoría, en la práctica los padres pagan cuotas en los colegios concertados) ni en sanidad, pero que sí se contempló al redactar la Ley de Dependencia.