Holanda investiga 350 denuncias de abusos sexuales a menores en familias y centros de acogida

"Estamos viendo solo la punta del iceberg". Rieke Samson-Geerlings, antigua fiscal general holandesa, ha descrito así la tarea de investigar los abusos sexuales a menores perpetrados en el seno de familias y centros nacionales de acogida. La denuncia más antigua recibida por la comisión que preside se remonta a 1945. Otras, sin embargo, son tan graves y cercanas en el tiempo, que la jurista ha alertado de inmediato a sus colegas del Ministerio Público. "Hemos actuado de oficio en ocho casos. Son muy duros, con violaciones incluidas. Y muy peligrosos aún para los afectados. Había que actuar sin demora. Se trata de niños desprotegidos", ha asegurado durante la presentación de la fase preliminar de su trabajo.

Los causantes de los abusos han sido miembros de las familias de acogida, o bien los responsables (también jefes de grupo) de los centros de menores. La mayoría de las veces, el abuso se ha prolongado durante años y ha prescrito para la justicia. No está todavía claro si podrá hacerse algo para compensar a las víctimas. Ello requeriría un acuerdo parlamentario para modificar la legislación vigente. Sin embargo, muchos de los afectados "quieren contar nada más lo que les pasó". "Necesitan descargarse y compartir su drama", según Samson-Geerlings.

Aunque se prevé que el informe definitivo esté listo dentro de un año y medio, la fiscal ha mantenido contactos con Wim Deetman, antiguo ministro de Cultura que investiga los abusos de la Iglesia católica holandesa. Hasta la fecha, esta otra comisión ha recibido 1.975 denuncias de asaltos sexuales perpetrados por religiosos de ambos sexos. La cifra supera al resto de países con problemas similares, entre ellos, Estados Unidos, Alemania e Irlanda.