Cientos de balsas mineras en España

El accidente de la balsa de residuos mineros en Hungría del pasado lunes ha despertado viejos fantasmas en nuestro país. Todavía recordamos la catástrofe ambiental provocada por el accidente de Aználcollar en Sevilla. Los residuos ácidos alcanzaron el Parque Nacional de Doñana, se tuvieron que movilizar numerosos medios humanos y materiales para retirar los millones de toneladas de lodos y cientos de personas se vieron afectadas directa o indirectamente por la pérdida de sus empleos o la destrucción de sus bienes. Afortunadamente no se tuvieron que lamentar víctimas mortales como en el caso húngaro.

El accidente de Hungría del pasado lunes es la mayor catástrofe ambiental que ha sufrido el país en su historia. Más de un millón de metros cúbicos de "lodos rojos" cargados con metales pesados como aluminio y plomo y con un alto poder corrosivo (similar a la sosa cáustico o la lejía) ha arrasado siete pueblos. Lo más grave han sido las cuatro víctimas mortales y varias personas siguen desaparecidas. La contaminación producida afecta ya a los suelos y cauces de toda la zona. Y amenaza con llegar al Danubio que pasa por varias países antes de desembocar en el mar. Pero sus consecuencias, como en el caso de Aználcollar, con toda seguridad perdurarán durante años.

La distancia con este accidente no nos puede hacer olvidar que repartidas por toda la geografía española existen cientos de balsas de la industria minera, muchas de las cuales acumulan más de un millón de metros cúbicos de residuos (lo que se calcula que se ha vertido en Hungría). A pesar de que muchas han sido ya denunciadas por los grupos ecologistas, la administración de turno mira para otro lado.

Greenpeace ha denunciado la dejadez y permisividad de las Administraciones en lo relativo al control y clausura de las balsas mineras en nuestro país. En los últimos años, además, de Aználcollar la organización ecologista ha explicado el peligro que suponen explotaciones como son la mina Las Cruces en Sevilla, Cerro Colorado y Aguzaderas en la comarca de Río Tinto, Aguas Blancas en Badajoz o algunas de las balsas de estériles de la industria minera del oro en Asturias.

Tal vez el caso de mina las Cruces sea, por su proximidad a Sevilla y por suponer una amenaza al río Guadalquivir, el que actualmente plantee más dudas. Esta explotación de cobre, la mina a cielo abierto de este mineral más grande de Europa, ha recibido numerosas infracciones y denuncias de colectivos ecologistas, y se encuentra en los tribunales con varios procesos judiciales abiertos por el incumplimiento de las condiciones para extraer y explotar la mina. Se da la circunstancia que la propia Junta de Andalucía ha subvencionado con 53 millones de euros a la empresa que la explota.

Para evitar que se repitan de nuevo accidentes similares, las compañías mineras deberían asumir todos los daños potenciales tanto a las personas como al medio ambiente que pudieran ocasionar. Se deberían prohibir las explotaciones mineras en aquellas áreas con alto valor ecológico o cercanas a ellas. También se deberían establecer niveles estándar para las operaciones mineras, que cubran el transporte, el almacenamiento y el tratamiento de los residuos y productos.

Debido al alto grado de destrucción del medio ambiente generado por estas explotaciones, se hace cada vez más urgente revisar y replantear la necesidad real de ciertas minerías, con el objetivo de reducir la demanda materias primas. Esto se puede llevar a cabo a través de la mejora de algunos procedimientos, como el uso eficiente de algunas de ellas (diseño medioambiental), cambio de los patrones de consumo y a través del reciclaje de los metales.

Julio Barea es responsable de la campaña de contaminación de Greenpeace España.