El Vendrell y Calafell dan marcha atrás en la regularización de los manteros

Vuelta al orden y a la misma problemática de los manteros existente antes de que la avalancha de estos vendedores forzaran a El Vendrell y Calafell (Tarragona) a regularizar este tipo de comercio ilegal. La reunión convocada este mediodía por el departamento de Interior de la Generalitat con todos los actores implicados en el embrollo se ha saldado con un pacto de compromisos para regresar a la senda de la legalidad pero sin aportar soluciones concretas al conflicto. Los municipios desmantelarán las zonas destinadas al comercio ilegal antes del 1 de setiembre, los comerciantes retirarán la denuncia por prevaricación interpuesta contra ambos Ayuntamientos por tolerar la venda irregular y los Mossos d'Esquadra intensificarán el acoso policial en los municipios turísticos a los inmigrantes que subsisten mediante este tipo de comercio ilegal. La marcha atrás es tan completa que afecta incluso a los manteros, no representados en la reunión: el encuentro no ha abordado qué hacer con los cientos de vendedores que ahora trabajan placenteramente en El Vendrell y en Calafell ni con los miles de inmigrantes que sobreviven en Cataluña gracias a esta venta irregular, por lo que el drama humano se resolverá de nuevo entre persecuciones entre agentes e inmigrantes. Exactamente igual a la situación que propició la polémica.

Alcaldes y políticos salieron de la reunión alabando un acuerdo que parece aplazar el problema hasta el próximo verano, cuando deban ponerse a prueba los nuevos compromisos de la Generalitat para atajar a los manteros. Estos empezarán a retirarse de la costa junto a los turistas y casi desaparecerán a partir del 1 de setiembre, casualmente la fecha límite pactada por Interior con los Ayuntamientos. "Estamos satisfechos por el compromiso de los ayuntamientos de renunciar a la regularización que se ha producido estas semanas", señaló el consejero de Interior, Joan Saura. "Habíamos llegado a esta situación porque nos sentíamos solos. Si los Mossos nos ofrecen más ayuda, accedemos a hacer cumplir la legalidad vigente", apuntó el alcalde de El Vendrell, Benet Jané (CiU). "Se ha eliminado la posibilidad de pactar con los manteros, así que retiraremos la denuncia", justificó el secretario general de la Confederación Comercial de Catalunya, Miquel Àngel Fraile.

Todos coincidieron en señalar que el fenómeno de los manteros supone un problema global que requiere soluciones transversales pero se limitaron a aplaudir la respuesta a todas luces parcial que salió del encuentro. La esperanza para evitar nuevos conflictos queda en manos de una futura comisión de seguimiento todavía por concretarse, que debe aunar a representantes municipales, de la Generalitat y del Gobierno central. Saura subrayó además la necesidad de que la tarea policial se centre en combatir las mafias de distribución de productos falsificados y prometió nuevos esfuerzos en este sentido. Interior también ha acordado llevar a cabo campañas de concienciación para que los ciudadanos dejen de comprar en el 'top manta', medida que hasta ahora realizaban los Ayuntamientos en solitario y mediante fondos municipales. "Comprar estos productos no es un acto de caridad sino un mecanismo para perpetuar las condiciones de esclavitud y la destrucción de puestos de trabajo", señaló un portavoz de Interior sobre el paradigma que difundirá ahora la Generalitat.

Los alcaldes, por su parte, confiaron en que estas campañas y el mayor esfuerzo en la actuación de los Mossos se traducirán en un menor acoso de los manteros ya para el próximo año. "Esperamos que el siguiente verano sea todo muy distinto", confió el alcalde de Calafell, Jordi Sánchez (PSC). Lo será, probablemente, para los manteros: de regreso a la ilegalidad y a la huida ante el reforzado acoso policial.