Francia entierra la tasa sobre el carbono

Tras el tremendo varapalo electoral sufrido el pasado domingo por el partido del presidente francés, Nicolas Sarkozy, en los comicios regionales, y la consecuente remodelación gubernamental anunciada, la primera gran medida sacrificada por el Ejecutivo francés parece ser la polémica tasa sobre el carbono. Una nueva versión de este impuesto sobre la energía de origen fósil, censurado por el Consejo Constitucional en diciembre, debía estar lista para el verano.

Esta mañana, el primer ministro, François Fillon, ha anunciado a los diputados de su partido, la Unión por un Movimiento Popular (UMP), que no habrá impuesto hasta que se aplique primero al conjunto de los países europeos para evitar que "merme la competitividad" de las empresas francesas, según han relatado varios parlamentarios.

El jefe de filas del partido en el hemiciclo, Jean-François Copé, ha confirmado en una rueda de prensa, tras la reunión a puerta cerrada entre los diputados y Fillon, que la medida no está prevista para el 1 de julio, en contra de lo que indicó en un primer momento el Gobierno. "Si no hay acuerdo antes del 1 de julio, se hará más adelante", señaló Copé, él mismo contrario a que Francia tome la iniciativa de aplicar el impuesto verde en solitario. "Una tasa que se aplica a Francia y no a Europa es algo impensable", había declarado en la misma línea durante la mañana Xavier Bertrand, secretario general de la UMP.

Nicolas Sarkozy también se refirió a la importancia de lograr una postura común europea en una entrevista al diario Le Figaro, publicada justo antes de las elecciones regionales. "No impondremos a nuestros industriales obligaciones si, al mismo tiempo, autorizamos las importaciones procedentes de países que no respetan ninguna regla medioambiental e inundan nuestros mercados", afirmó entonces, a la vez que se refirió a la necesidad de emprender una "concertación a nivel europeo". Sin embargo, hay poco consenso entre los socios para introducir una tasa en toda Europa, por lo que condicionar su aplicación a lo que se haga en el conjunto de la Unión equivale, al menos de momento, a enterrar el asunto.

La tasa sobre el carbono ha sido muy criticada por la oposición desde que se empezó a debatir, pero también por parte de los diputados del partido gubernamental, preocupados por la creación de un nuevo impuesto en plena crisis económica. La estocada final la dio el Consejo Constitucional, que anuló la medida en vísperas de su entrada en vigor, prevista para el 1 de enero. Los denominados sabios del órgano consideraron entonces que la gran cantidad de exoneraciones acordadas para la industria, en particular para la más contaminante, sujeta al sistema europeo de intercambios de cuotas de emisión de CO2, la hacían injusta e ineficaz.

El Gobierno anunció entonces que presentaría un nuevo texto modificado que entraría en vigor en verano. El presidente Sarkozy podría aclarar la nueva postura del Ejecutivo tras el Consejo de Ministros de mañana, cuando tiene previsto hacer una declaración sobre sus prioridades para los próximos meses.