Medio Ambiente acusa de demagogos a los eurodiputados que cuestionan la Ley de Costas

La directora general de Costas, Alicia Paz, ha criticado "la demagogia" con la que algunos eurodiputados británicos han cargado contra la Ley de Costas en la vista en la Eurocámara sobre la norma, que concluyó esta mañana. Paz ha explicado por teléfono su "decepción" por el desarrollo de la sesión, en la que labpristas y conservadores británicos han acusado a España de ser un estado "totalitario". "Utilizan informaciones inexactas y sesgadas. Y puedo entender que los afectados usen todos los medios a su alcance, pero es increíble que el PP no haya salido a defender el Estado de derecho".

En la Comisión de Peticiones de la Eurocámara los representantes del PP se han alineado con los británicos. Aunque sin llegar a ese nivel de dureza, si han planteado incluso reformar la Ley de Costas, vigente desde 1988, algo no llega a pedir en España. La Eurocámara ha acordado pedir al Gobierno que responda por escrito a la decena de quejas que ha recibido por casos con la Ley de Costas.

Paz se mostró indignada por las acusaciones de que en España no hay seguridad jurídica. El conservador Giles Chichester llegó a decir que España es un "estado totalitario". Ante las quejas de sus ciudadanos, Londrés y Berlín han llegado a pedir al Gobierno que suavice la legislación de Costas.

"Parece ser que no es válido el control de los tribunales. No entienden lo que dijo el Constitucional", que avaló la Ley de Costas, de 1988, añade Paz. El Tribunal admitió el sistema de expropiación establecido por la ley para recuperar las casas construidas legalmente en dominio público antes de la entrada en vigor de la ley. El Estado no expropia directamente, sino que los dueños de las casas pasan a tener una concesión de uso de 30 años ampliables a 60. En ese tiempo no pueden vender la construcción.

La directora de Costas insitió en que algunos de los casos que han llegado al comité de peticiones proceden de deslindes aprobados epor gobiernos del PP. "El deslinde de Cho Vito [Canarias], el de Formentera, el del molino de mareas [en el País Vasco] o el del Puerto de Santa María [Cádiz] los aprobó el PP y nos toca aplicarlos".