Jiménez acusa a algunas comunidades de cometer "errores de cálculo" sobre el coste de la Dependencia

La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ha acusado hoy a algunas comunidades de cometer "errores de cálculo" al hacer las cuentas sobre el coste de la Ley de Dependencia: "Lo que no se puede hacer es computar como gasto la financiación adicional que cada comunidad aporta de modo voluntario y pedir al Gobierno que se haga cargo de ella. Tampoco pueden computarse gastos anteriores a la ley para los que las comunidades ya recibían dinero de la partida de Servicios Sociales. No es que las comunidades mientan, pero hay errores de cálculo". Respondía Jiménez a las intervenciones de los portavoces parlamentarios de Asuntos Sociales de los distintos grupos políticos en el Congreso, donde la ministra ha acudido a petición propia para informar del desarrollo de la ley.

Uxue Barcos, de Nafarroa Bai, quiso que la ministra aclarara esas "acusaciones" y Trinidad Jiménez no se desdijo: "A veces, cuando las comunidades hacen cálculos [sobre financiación y coste de la Dependencia], básicamente hacen un cómputo del gasto total de Política Social sin ceñirse al cómputo de la Dependencia. Por eso nos encontramos con tantas dificultades para hacer esos cálculos", añadió.

El ministerio está preparando un documento donde se muestre con claridad qué cuantía aporta cada comunidad al desarrollo de esta ley, pero las dificultades no son pocas. Jiménez ha anunciado que están trabajando para tener listo ese documento en los próximos meses. No es algo baladí, cuando la financiación y la sostenibilidad de la ley se están poniendo en cuestión frecuentemente y tres años después de aprobada la norma aún se desconoce qué recursos económicos están aportando las comunidades. Sólo se sabe con transparencia lo que pone el Gobierno.

Por ejemplo, el PP, a través de la diputada Lourdes Méndez, ha criticado largamente la financiación que destina el Gobierno a la Dependencia. Los 1.671 millones presupuestados para este año "son menos que los 2.050 con que se contó finalmente el año pasado. Es cierto que el presupuesto de 2009 era de 1.168 millones, pero a eso se le sumaron otras partidas hasta acabar en más de 2.000; por tanto, se ha bajado".

Trinidad Jiménez ha hablado del presupuesto, pero también del cálculo finalista que se establece a la hora de financiar a las comunidades autónomas: "El 80% se calcula en función de la educación, la sanidad y, por vez primera, de la Dependencia. Otra cosa es que el uso de ese dinero no sea finalista, ya me gustaría a mí, para decir a algunos consejeros cómo se pueden apañar con esos recursos", ha dicho.

La ministra ha recordado que algunas comunidades han tenido mucho éxito en la implantación de la Ley de Dependencia con los mismos recursos con que han contado otras cuyo desarrollo del sistema es muy inferior. "Nunca diré nombres", ha advertido, sin embargo, aunque numerosos estudios sitúan permanentemente a las comunidades de Madrid, Canarias, Valencia y Murcia a la cola en la implantación de la ley.

Jiménez ha suavizado estas críticas aludiendo al "difícil momento financiero" que se atraviesa y ha reconocido que todas las comunidades se quejan de ahogo económico, pero ha asegurado que es algo "coyuntural" y que la ley tiene aún recorrido y puede "ser sostenible" con lo que se destina por el momento. "Tal cual está redactada, la ley ofrece la posibilidad de consolidar el modelo de financiación. Podemos buscar elementos de mayor estabilidad, eso sí", pero ha recordado que algunas comunidades todavía no tienen mucha normativa desarrollada sobre esta ley. Murcia, aunque la ministra no da nombres, es un buen ejemplo de ausencia casi total de normativa propia para el desarrollo de la Dependencia.