El fiscal rebaja a 17 años la pena para el acusado de matar a Nagore

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Javier Muñoz, concluyó ayer que José Diego Yllanes, juzgado por el asesinato el 7 de julio de 2008 en Pamplona de la joven irunesa Nagore Laffage, cometió "un hecho violento" que "encaja perfectamente" en la figura del delito de asesinato, el "más grave" del Código Penal. El acusado, según las conclusiones que el fiscal leyó en la penúltima sesión de la vista, cometió el crimen "conscientemente, sabiendo lo que realmente estaba haciendo". Por estos hechos, el representante del Ministerio Público pidió 17 años y medio de prisión para Yllanes.

La defensa del acusado, que hoy argumentará sus conclusiones en el final de la vista, plantea dejar la pena en siete años por homicidio.

Las acusaciones particular y popular piden 20 años de cárcel

Aunque inicialmente el fiscal solicitaba una pena de 20 años, en su escrito final decidió rebajar su petición, al apreciar la atenuante de reparación del daño causado, tras haber pagado Yllanes más de 126.853 euros a los familiares de la víctima. Igualmente pide una indemnización de 120.000 euros para cada progenitor de la víctima y 80.000 euros para su hermano.

La acusación particular, en representación de la familia de Nagore Laffage, mantuvo su petición de 20 años de prisión si el jurado aprecia la existencia de un delito de asesinato o, en su caso, 15 por un delito de homicidio, con el agravante de abuso de superioridad. También pidió cinco meses de prisión por profanación de cadáveres. En materia de responsabilidad civil, solicita las mismas indemnizaciones que el fiscal.

Las acusaciones populares, ejercidas por los ayuntamientos de Irún y Pamplona, el Instituto Navarro para la Igualdad y las Juntas Generales de Guipúzcoa, solicitaron en todos los casos 20 años de cárcel por un delito de asesinato.

El abogado defensor de Yllanes, Eduardo Ruiz de Erenchun, adelantó que solicitará siete años de prisión por un delito de homicidio con las atenuantes de reparación del daño causado, de intoxicación, de confesión y de arrebato u obcecación.

Tras un exhaustivo relato de los hechos, el fiscal defendió que Yllanes tuvo la intención de matar y además con alevosía, sin que en este caso se puedan considerar las atenuantes de intoxicación alcohólica o de enfermedad mental.

En la misma línea, el letrado de la acusación particular, Miguel Alonso Belza, pidió al jurado que busque "justicia reparadora" y no "venganza", e hizo hincapié en que Yllanes no estaba loco ni borracho el día del crimen, sino que trató con frialdad de urdir una estratagema para no ser descubierto por su crimen. La acusación particular ha estimado que los 126.000 euros aportados por Yllanes no pueden considerarse atenuante de reparación del daño.