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La prensa europea pide más garantías para la profesión

Periodistas de 19 países piden una carta de obligaciones y derechos

Establecer una serie de principios que sirvan de garantía para la libertad de prensa es el objetivo de los 46 directores de periódicos y reconocidos periodistas que firmaron el lunes en Hamburgo (Alemania) la Carta Europea por la Libertad de Prensa . Los profesionales, de 19 países, principalmente de Alemania y del Este europeo, quieren que esta carta tenga validez en todo el continente y sea requisito indispensable para acceder a la Unión Europea.

Los periodistas piden protección legal para la profesión, especialmente garantías frente al espionaje, las escuchas y los registros en ordenadores y medios de comunicación, así a su acceso y el de los ciudadanos a las fuentes de información. El propósito, exponen en la carta, es que los periodistas puedan en un futuro utilizar la carta en caso de conflictos con el Gobierno o instituciones estatales, así como apelar a ella para ayudar y proteger a sus colegas.

Firman el documento países como Bielorrusia (en el puesto 154 del ránking que Reporteros sin Fronteras realiza sobre libertad de prensa en 173 países del mundo), Rusia (141), Albania (79) o Serbia (64). Países, algunos, donde la prensa es continuamente controlada por jefes de Estado e Instituciones estatales.

El manifiesto se divide en 10 puntos que tratan de establecer las bases donde debe asentarse este principio democrático. El primero es, precisamente, que la prensa sea considerada herramienta esencial para la democracia, que los Gobiernos deben respetar en todas sus formas y cometidos. El documento apela también a la estricta prohibición de la censura, y que se garantice que no existan persecución, represión o regulación gubernamentales.

Los periodistas piden también libertad para realizar sus informaciones sin restricciones, amenazas o castigos. Libertad para ellos y protección paran las fuentes informativas, indispensables para el trabajo periodístico. El documento establece, por ello, que han de ser los Estados los que se aseguren de que los medios disfrutan de la protección del sistema judicial y de las autoridades en el desempeño de su actividad y de que cualquier ataque sea investigado y debidamente castigado. El documento pide también que no se amenace a los medios con sanciones económicas y que las empresas privadas respeten su independencia, así como la separación clara entre información y publicidad.

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