Condenado a dos años de inhabilitación el juez que retrasó una adopción homosexual

El juez de familia de Murcia Fernando Ferrín Calamita ha sido condenado por el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad autónoma a una pena de dos años, tres meses y un día de inhabilitación para empleo o cargo público por retrasar de forma "maliciosa" la adopción de una menor que había sido solicitada por la compañera sentimental de la madre biológica.

La condena aprecia el agravante de "desprecio a la orientación sexual de la adoptante" y contempla una indemnización de 6.000 euros y el pago de las costas, también las de la acusación particular.

El fiscal y la acusación particular habían solicitado en sus conclusiones provisionales 18 y cuatro años, respectivamente, de inhabilitación, aunque en la última sesión del juicio, el pasado día 3, dejaron a criterio de la Sala el que ésta pudiera imponer una pena inferior si apreciaba que el magistrado había cometido ese delito, no de forma intencionada, sino por imprudencia.

"Voluntad retardaria"

El tribunal, del que ha sido ponente el magistrado Julián Pérez-Templado, llega a la conclusión de que "no existe en la mente del inculpado, con todos los riesgos que conlleva hacer conjeturas sobre las intenciones, un plan preconcebido para conseguir que la adopción no se produjese". "Más bien -añade- lo que transpiran las actuaciones del señor juez es una voluntad retardataria, inventando trámites inexistentes o innecesarios, como la exigencia de un procurador o la asistencia de abogado". Tras analizar la conducta del acusado, la Sala concluye también que "sus decisiones o actitudes nos llevan, en esencia y resumen, a concluir que lo que en verdad intentaba era retrasar al máximo la resolución del asunto, bien por la esperanza de que prosperara el recurso formulado por un partido político o bien para aburrir".

Al estudiar la resolución de Ferrín Calamita de que los psicólogos de Murcia le informaran sobre la influencia que tendría en el desarrollo de la pequeña el convivir con dos madres, comenta el tribunal que "sólo puede deberse a una razón: el matrimonio homosexual es dañino para ella porque así lo ha decidido él, diga lo que diga la ley". Indica la sentencia que Ferrín Calamita "obró actuando por una auténtica compulsión homófoba, lo que ha de tener una indudable trascendencia penal". Señala el tribunal que "bien pudiera el señor juez plantearse un imperativo categórico sobre su conducta: si todos los jueces tuviéramos como paradigma su manera de actuar, de forma que fuera norma universal, pronto caeríamos en un sistema de fazañas y albedríos que ya quiso abrogar el Rey Sabio en su Fuero Real".

Frente a la indemnización solicitada por las acusaciones, que pidieron 18.000 euros, el tribunal considera más justa la de 6.000, entre otros razonamientos, porque la adopción fue finalmente aprobada por el juez que sustituyó a Calamita al ser éste suspendido de empleo y sueldo por decisión del Consejo General del Poder Judicial.

A la lectura pública del fallo, que se ha celebrado hoy en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, sólo han asistido los miembros de la Sala y el letrado de la acusación particular, José Luis Mazón. Éste ha declarado al conocer el fallo que "hoy es un día luminoso para la Justicia, en la que, por desgracia, hay muchos días opacos, porque ha brillado el principio de la responsabilidad".

"Una sentencia justa"

El magistrado aseguró en la sesión final del juicio que si se le expulsaba de la carrera judicial sería "por cristianofobia", algo que, sin embargo, aceptaría "como venido de las manos de Dios", pese a considerarlo injusto. Calamita, que pidió su absolución y dijo que de ser condenado recurriría, aseguró que siempre veló por el interés de la menor. El abogado del magistrado, Javier María Pérez Roldán, ha afirmado que "ya planea el recurso ante el Tribunal Supremo por ausencia de mala fe en los retrasos producidos en el proceso de adopción". Asimismo, ha anunciado que presentará una querella contra el juez instructor, Manuel Abadía, y el equipo psico-social "por elevar un informe sin haber examinado a la pareja de lesbianas, lo que supone una clara falsedad documental".

La coordinadora de Políticas Lésbicas de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), Carmen Hernández, ha dicho que la sentencia "es justa, en el sentido de que era necesario dejar claro que este tipo de actitudes no tienen cabida en el Estado de Derecho, y de que, por encima de las creencias personales de cada persona, hay una cosa que nos rige a todos los españoles, que es la Constitución".