Las abolicionistas ven el plan contra la trata de mujeres "insuficiente e inútil"

La acogida del Plan Integral Contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros ha sido muy desigual. Los dueños de los clubes de alterne no le ven una pega; es, dicen, un documento "correcto" que poco les incumbe como empresarios dado que ellos, aseguran, no tienen menores, ni mujeres obligadas, ni drogas en sus locales. Y están de acuerdo con que se penalice el tráfico de personas para explotación sexual y que se otorgue a las mujeres prostituidas un mes de reflexión para decidir si denuncian o no a sus captores, aunque alertan contra las posibles denuncias falsas.

Las organizaciones de mujeres que pertenecen a la Plataforma por la Abolición de la Prostitución, más de una treintena, rechazan el documento aprobado porque es "insuficiente y será inútil para combatir la explotación sexual y para desincentivar la demanda". La plataforma planteó al Gobierno actuaciones contra los clientes de los burdeles y un plan contra la explotación sexual, pero sus sugerencias no han sido escuchadas. "Las denuncias serán mínimas y si sólo se combate la trata se deja al margen el resto de la prostitución, que es una explotación igual", explican. "Se han rebajado con mucho las conclusiones que se obtuvieron en la comisión del Congreso en la legislatura pasada, y han frustrado las expectativas que habíamos depositados en estas primeras medidas contra la explotación sexual", afirma la portavoz de la plataforma, Rosario Carracedo. Además no se tiene en cuenta la perspectiva de género, porque ya en el propio título del plan queda diluida: la mayoría de las afectadas son mujeres y han puesto seres humanos. Y distinguir trata y prostitución es no abordar el tema: la trata no es más que el medio con el que se abastece la prostitución", aseguró Carracedo.

La portavoz de la organización Hetaira, Cristina Garaizábal, se felicitó por las medidas de decomiso para los traficantes que se han incluido en el plan pero lamentó que "se siga condicionando la protección y los derechos de las víctimas a que denuncien a las redes mafiosas": "La trata es un delito tan grave que deberían ser protegidas con independencia de que denuncien o no".