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La Generalitat Valenciana garantiza a los rectores el cumplimiento de los acuerdos de financiación

Los máximos responsables académicos se reúnen con el Gobierno de Camps ante las informaciones que apuntan a un recorte del 25% en el presupuesto para las universidades para 2009

Los rectores se han reunido esta tarde con los consejeros de Economía y Educación de la Comunidad Valenciana, Gerardo Camps y Alejandro Font de Mora, para expresarles su preocupación por las informaciones que aseguran que la cantidad asignada a las universidades públicas en el proyecto de Presupuestos autonómicos para 2009 es de 616 millones de euros, muy por debajo de los 899 millones que el Gobierno valenciano pactó con los rectores el pasado mes de mayo. Durante el encuentro, los dos consejeros han garantizado a los máximos responsables universitarios el cumplimiento de esos compromisos en materia de financiación, han informado los propios rectores en un comunicado conjunto.

Camps y Font de Mora han explicado que el proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat para el próximo ejercicio "contiene las garantías necesarias para la redacción y financiación de los presupuestos de las universidades públicas de acuerdo a los compromisos adquiridos", según la nota de los rectores, que no dan más detalles, a la espera de estudiar más a fondo lo que ha dado de sí la reunión.

El rector de la Universidad de Valencia, Francisco Tomás, ha señalado esta mañana que en el caso de presupuestarse una cantidad inferior a la pactada, la situación de las cinco universidades públicas valencianas (Universidad de Valencia, Politécnica de Valencia, Jaume I de Castellón,

Universidad de Alicante y Miguel Hernández de Elx) será "absolutamente insostenible" y supondrá "la imposibilidad de gestionar y asumir los gastos asociados a las actividades ordinarias".

La Universidad de Valencia ha hecho público hoy un informe sobre su situación económica y financiera que señala que la Generalitat tiene una deuda con esta institución de 224 millones de euros, que representa el 92% del dinero pendiente de cobro a fecha 15 de octubre. Según Tomás, estas cantidades "que no han llegado y deberían haber llegado" generan unos gastos financieros que pueden "bloquear" la actividad de la institución.