AI pide al Gobierno menos "autocomplacencia" en el combate de la violencia de género

El pasado martes el Ministerio de Igualdad lanzó la campaña Ante el maltratador, tolerancia cero. Nadie duda de que el Gobierno se toma en serio la violencia de género, pero según María Naredo, autora del informe que Amnistía Internacional (AI) ha presentado hoy, Obstinada realidad, derechos pendientes, el Ejecutivo necesita "menos campañas" y "menos autocomplacencia" y más seguimiento a las leyes y normativas que se han aprobado para combatir este fenómeno.

La organización ha mostrado su "preocupación" por el aumento de asesinatos de mujeres con orden de protección de manos de sus parejas y ex parejas. El documento evalúa los efectos de la Ley Integral contra la violencia de género, en vigor desde el 29 de enero de 2005, una ley que "se ha aprobado, pero que no se implementa", ha señalado Naredo.

El texto de la organización en pro de los Derechos Humanos está lleno de claroscuros. Por una parte AI "valora positivamente" algunas de las medidas que el Gobierno ha adoptado para combatir el maltrato, entre ellas la creación del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer y el informe que el propio Ejecutivo presentó en 2007.

Las cifras registradas en el pasado trienio ponen en tela de juicio el funcionamiento de las medidas que ha tomado el Gobierno en contra de la violencia de género. "El 21% de las mujeres denuncian el maltrato, pero prácticamente el 100% de ellas acude a su médico" para revelar los abusos sufridos, dice Naredo. La organización denuncia el agujero negro en la asistencia sanitaria, a pesar de que el Plan Nacional 2007-2008 garantizaba la formación de "todos los profesionales" del Sistema Nacional de Salud para erradicar y detectar la violencia de género, algo que "continúa sin desarrollo efectivo". Las únicas comunidades que han salido airosas en esta materia, de acuerdo a AI son Asturias, Cantabria, Aragón y Canarias.

El 10 de abril de 2008, Sylvina Bassanni fue asesinada junto a su pareja en la localidad de Alovera (Guadalajara) a manos de su ex esposo, sobre quien pesaba una orden de alejamiento. El caso de esta ciudadana argentina puso en relieve la vulnerabilidad de las mujeres amenazadas, y resguardadas con una orden de protección. Ni con una ni con la otra la Justicia ha logrado disminuir los asesinatos de mujeres.

El número de mujeres muertas con orden de protección ha crecido, pasando de cinco casos registrados en 2005, ocho en 2006 y 12 en 2007. "Hay 35.000 ordenes de protección y alejamiento, lo que significa que cada uno de los 520 agentes específicos tiene a su cargo a 67 mujeres", señala Naredo vía telefónica. Una ecuación sin respuesta lógica, que se complica si se tiene en cuenta que este tipo de ordenes "se ha multiplicado por dos. Es preocupante", dice la abogada.

"Incluso el ámbito estrella del Gobierno, los juzgados especializados, funcionan de manera cuestionable. Se siguen juzgando episodios de maltrato puntual, y no la violencia habitual. Es juzgar la punta del iceberg", dice Naredo.