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La Generalitat deberá indemnizar con 112.100 euros a una mujer que quedó estéril tras un parto

En la actualidad, la paciente sigue necesitando asistencia médica

El Instituto Catalán de la Salud (ICS), dependiente de la Generalitat, deberá indemnizar con 112.100 euros a una mujer que quedó estéril tras un parto inducido en el Hospital Can Ruti de Badalona (Barcelona), después de alcanzar un acuerdo con la paciente. Los hechos tuvieron lugar el 26 de marzo de 2005, cuando la mujer ingresó en el hospital, tras 41 semanas de gestación, para dar a luz, lo que ocurría sobre las 18.35 con la ayuda de anestesia epidural y fórceps. Tres horas y media después del parto, la mujer comenzó a sufrir pérdidas hemorrágicas que las enfermeras consideraron normales tras el parto, según ha informado el abogado del Defensor del Paciente, José Aznar Cortijo.

La paciente, M.A.X.S., también se alarmó por la falta de orina voluntaria, que provocó que tuviera que ser sondada obteniéndose de esa forma unos 400 centilitros de orina. Sobre la una de la madrugada, cayó en desmayo por hipotensión mantenida, siendo nuevamente atribuida la causa del desmayo a una hipotensión sin causa aparente.

Tratamiento psiquiátrico

Sobre las tres de la madrugada y tras avisar con carácter de urgencia al médico de guardia, fue objetivada una hipotensión mantenida, mareo, hemorragia de la matriz abundante, salida de coágulos por la vagina y un resultado de la analítica compatible con una hemorragia aguda y severa. Por ello, la mujer tuvo que ser trasladada a quirófano para practicarle una revisión, y allí los médicos observaron un hematoma disecante y practicaron una embolización de la arteria hipogástrica.

Tras el alta, la afectada quedó estéril, con una cicatriz en el abdomen, y necesitó tratamiento psicológico debido al estrés postraumático sufrido donde fue intervenida en condiciones de extrema gravedad. En la actualidad, sigue necesitando de asistencia médica, según el letrado. Después de interponer una reclamación previa por vía administrativa, y una vez en el trámite de interposición de recurso, la reclamante y el ICS han llegado a un acuerdo de indemnización en la cantidad de 112.100 euros que ha puesto fin al procedimiento contencioso administrativo.

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