Los países de la UE deberán incluir sanciones penales en sus legislaciones por los daños medioambientales

Todos los países de la Unión Europea (UE) estarán obligados a tipificar como delito en sus legislaciones nacionales las actividades dañinas para el medio ambiente, como el transporte ilegal de residuos, el comercio con especies animales en vías de extinción o el deterioro de espacios naturales protegidos. Además, deberán introducir sanciones penales "efectivas, proporcionadas y disuasorias" para castigar a los responsables, según se recoge en la nueva directiva sobre protección del medio ambiente aprobada hoy por la Eurocámara y los Veintisiete.

Los Estados miembros tienen ahora un plazo de 24 meses para incluir esta directiva en sus legislaciones nacionales. En España, los delitos contra el medio ambiente ya están contemplados en el Código Penal.

La directiva exige a los países de la UE que tipifiquen también como delito cualquier daño importante al medio ambiente causado por vertidos ilegales al aire, agua o suelo; o por la gestión ilegal de productos peligrosos, incluyendo la fabricación o la manipulación de materiales nucleares. Los Estados miembros deberán garantizar que se pueda responsabilizar a las empresas de delitos llevados a cabo por personas individuales pero de los que se benefician.

La propuesta original de la Comisión fijaba un mínimo de penas para los delitos medioambientales, que no figuran ahora en la norma porque el Tribunal de Justicia sentenció el pasado octubre que Bruselas no tiene competencias para definir los tipos y los niveles de sanciones penales para delitos medioambientales.

Pese a ello, el Ejecutivo comunitario ha subrayado que la nueva directiva contribuirá a reforzar la protección del medio ambiente en Europa al garantizar que los atentados más importantes contra la legislación de la UE en esta materia sean castigados como delitos en todos los Estados miembros.

"No habrá más refugios seguros para los responsables de contaminar nuestro medio ambiente", ha dicho el vicepresidente de la Comisión y responsable de Justicia, Libertad y Seguridad, Jacques Barrot, a través de un comunicado. "Convertir las vulneraciones graves de la legislación medioambiental de la UE en delitos penales tendrá un efecto disuasorio importante y mejorará la aplicación de esta normativa en beneficio de los ciudadanos europeos", ha resaltado por su parte el comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas.